De acuerdo con el estudio “Legalidad Contra las Cuerdas” que presentaron las organizaciones Mexicanos contra la Corrupción, Causa Ciudadana y Nexos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha impulsado 20 acciones ilegales.
De las cuales siete son de dudosa legalidad y cuatro “leyes a modo”.
Fueron María Amparo Casar, de Mexicanos Contra la Corrupción, así como José Antonio Polo Oteyza y María Elena Morera, de Causa en Común, quienes detallaron que el estudio cubre de diciembre de 2018 a mayo de 2019, mismo que identificó las acciones del gobierno que han tenido consecuencias negativas para la población.
“Una de las frases más utilizadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido ´al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie´, pero en los hechos una gran cantidad de actos del nuevo gobierno han sido motivo no sólo de cuestionamientos, sino de litigios por parte de ciudadanos, gobiernos locales, funcionarios públicos, órganos autónomos y organizaciones de la sociedad civil”, comentó Casar.
El análisis identificó como acciones ilegales la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, el memorándum para dejar sin efecto la reforma educativa, la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y el inicio de Santa Lucía, la omisión en la desocupación o bloqueo de vías férreas en Michoacán y el cierre de comedores comunitarios.
Sin dejar de mencionar el reclutamiento anticipado de personal para la Guardia Nacional, la cancelación de recursos para estancias infantiles, la adjudicación directa sin justificación en compra de pipas de Pemex, el inicio del Tren Maya sin requisitos legales previos, la consulta participativa para la termoeléctrica en Huexca, Morelos, la militarización de las funciones de seguridad pública, etcétera.
Mientras la acciones de dudosa legalidad son: El nombramiento de los llamados “súper delegados”, la adjudicación directa del estudio costo-beneficio del Tren Maya, la refinería Dos Bocas sin licitación ni permisos ambientales, la reducción de recursos para combatir el VIH Sida y cáncer, los programas sociales sin reglas de operación.
Mientras que en las “leyes a modo” se encuentran: a llamada “Ley Taibo”, para que Paco Ignacio Taibo II pudiera asumir la dirección del Fondo de Cultura Económica (FCE); la transformación del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) en una dirección adscrita a la Secretaría de Bienestar.
Así como, el cambio al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación (Segob), para que las asociaciones religiosas e iglesias puedan participar en proyectos de reconstrucción del tejido social; y el reglamento del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
“El estudio será publicado en Nexos, y no se hizo para ganar dinero, pues en todo caso nos estamos ganando una bronca”, expresó Polo Oteyza.
Asimismo, el analista reiteró que el gobierno se inventa problemas para tapar la realidad que se vive, por ejemplo, una recesión en materia económica y un grave tema de inseguridad.
Por su parte, María Elena Morera cuestionó el hecho de que se denostara y se hiciera a un lado a las organizaciones de la sociedad civil, ya que tienen el derecho de participar y opinar de diversos temas.
