Se ha dado a conocer que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) autorizó un pago por 6 millones 472 mil dólares a una empresa que forma parte de la extensa red de corrupción de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, quien fue encarcelado en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico.
De acuerdo a la investigación hecha por Animal Político, se realizó un pago de 125 millones 442 mil 864 pesos por un contrato hecho con la empresa Nunvak Inc, bajo un esquema de “transferencias para gastos de seguridad pública nacional”.
Este dinero no fue transferido de manera directa a Nunvak Inc, sino que fue dirigido a través de una cesión de derecho de cobros a una empresa de nombre Gull Holding Enterprises Inc, la cual tiene una cuenta de cobro en Barbados, sin embargo, esta compañía no aparece en el contrato firmado.
Tanto Nunnvak Inc como Gull Holding Enterprises Inc, figuran en la carpeta de investigación en contra de Genaro García Luna, donde se le acusa de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
En esta carpeta de investigación hecha por la FGR, se menciona a Jonathan Alexis y a Mauricio Samuel Weinberg, quienes junto a otros empresarios y funcionarios públicos, son acusados de saquear los recursos públicos de algunas cárceles federales.
El pago autorizado por el gobierno de AMLO a Nunvak Inc es por el contrato de “Suministro, instalación, capacitación y puesta en marcha del equipamiento tecnológico especializado de control y supervisión para el Centro Federal de Readaptación Social Hermosillo, Sonora”, el cual estaba destinado a proveer de audio y video al centro penitenciario.
En la tarjeta informativa publicada el pasado 1 de junio por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se menciona que este contrato se une a los otros 10 contratos que la Policía Federal y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), firmaron con las empresas involucradas con Genaro García Luna, por un total de $225,212,904 dólares.
En esta tarjeta informativa se omitió señalar que la última confirmación de operación de cambios se realizó en el año 2019, cuando AMLO ya tenía un año como presidente y cuando Alfonso Durazo era secretario de Seguridad.
De acuerdo a esta información, se sabe que Gonzalo Villarreal Guerra, fue el responsable de la administración y verificación del cumplimiento del contrato. Este funcionario fungió como coordinador de los centros federales durante el sexenio de Felipe Calderón.
En enero del año pasado, Villarreal Guerra fue imputado por la FGR por asociación delictuosa y uso indebido de atribuciones y facultades. El pago de este contrato se realizó en varias partes, pues el primer pago por 10.7 millones de dólares fue emitido en septiembre de 2012.
Mientras que el segundo y el tercero fueron emitidos por 4.3 y 6.4 mdd, respectivamente, en enero de 2016 y en julio de 2018; es decir, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Posterior a estos pagos, en 2019 se realizó un pago por 6.4 mdd a la empresa Gull Holding Enterprises Inc.
Este pago estuvo a cargo de Óscar Moreno Villatoro, director de Administración del OADPRS del sexenio actual, quien fue mencionado en el juicio de García Luna. Aún así, fue elegido como administrador central de Control y Seguridad Institucional del Servicio de Administración Tributaria (SAT), sin embargo al ser parte de los funcionarios investigados por este caso, el gobierno decidió investigarlo.
A pesar de que García Luna fue detenido en 2019, no fue sino hasta febrero de este año que la FGR solicitó a un juez, emitir órdenes de aprehensión en contra del ex secretario y de 60 personas más, entre las que se encontraban familiares, conocidos e incluso otros ex funcionarios.
La extensa red criminal por García Luna fue conformada por un gran grupo de socios comerciales, los cuales obtuvieron contratos ilegales por grandes cantidades de millones de dólares, a través de empresas fachada, como las que ya se mencionaron.
Finalmente, en abril de este año, el juez Gregorio Salazar Hernández otorgó las 61 órdenes de aprehensión solicitadas en este caso y se dio a conocer que varios de los involucrados con la red criminal de García Luna, eran familiares directos como su esposa y hermanos.
PV
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