Gobernadores del PRI piden que “superdelegados” de AMLO no obstruyan diálogo

Andrés Manuel López Obrador, ofreció a los gobernadores respetar la soberanía de sus estados en la operación de los nuevos “superdelegados”; así lo aseguró este lunes el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Manuel Velasco, luego del encuentro privado que los mandatarios estatales sostuvieron con el tabasqueño.

Sin embargo, la comparsa del chiapaneco con el próximo presidente de la República se vio opacada tras un mensaje dirigido a AMLO por parte de los mandatarios estatales del PRI, quienes solicitaron información en torno al gasto público, la estrategia de seguridad, y la consulta sobre el NAICM.

Los priistas indicaron al “mesías tropical” que planean ser una oposición constructiva durante el próximo sexenio, pero pidieron aclarar la posición de la próxima administración en torno a los temas antes mencionados, así como a la figura de los nuevos coordinadores estatales.

Aunque Manuel Velasco señaló que los mandatarios estatales que integran el organismo no se opusieron a la figura de los coordinadores estatales, el mensaje de los tricolores fue claro.

Señalaron que son “defensores del federalismo republicano, entendido como la coordinación entre órdenes de gobierno en favor de la ciudadanía, en el marco del respeto estricto a la soberanía estatal, como lo mandara nuestra ley suprema, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

En su texto, los gobernadores del PRI adelantaron que su trato con el Gobierno Federal será constructivo, respetuoso, y directo con el Presidente, así como con los miembros de su gabinete, pero advirtieron que el Pacto Federal no conoce de autoridades intermedias: “El adelgazamiento de la burocracia, con el que estamos de acuerdo, no puede obstruir el diálogo entre los estados y la federación”.

Aunque en el PRI indicaron que es necesario que diversos funcionarios participen en las labores de coordinación, se aclaró que éstos nunca deben sustituir “a las autoridades democráticamente electas, tampoco enfrentándolas, pues esto puede representar una parálisis o desaceleración de la administración pública federal en los estados de la república”.

De este manera, los políticos solicitaron conocer la naturaleza y alcance de las funciones de los Delegados de Programas Integrales de Desarrollo: “El federalismo político debe verse reflejado en un federalismo económico, en el que, de manera transparente, los estados cuenten con mayores recursos para atender las necesidades específicas de su población, y que por su naturaleza requieren la atención directa del gobierno local”, insistieron.

El escrito dirigido a López Obrador fue firmado por Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora; Rafael Moreno, gobernador de Campeche; Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila; José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador de Colima; Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México; Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero; Omar Fayad, gobernador de Hidalgo; Jorge Aristóteles, gobernador de Jalisco; Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca; Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí; Quirino Ordaz Coppel, gobernador de Sinaloa; Marco Antonio Mena, gobernador de Tlaxcala; Rolando Zapata, gobernador de Yucatán; y Alejandro Tello, gobernador de Zacatecas.

Los mandatarios del tricolor expresaron que el tema de la Seguridad Pública es prioritario, porque “hoy es el que más preocupa a las familias mexicanas”; al respecto agregaron que “esta delicada tarea va más allá de las policías y abarca temas como el funcionamiento del sistema penitenciario o el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio”, por lo que pidieron saber si AMLO impulsará la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, “que en su contenido le da marco de participación a la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina en el combate a la delincuencia organizada”.

En el PRI también pidieron conocer la metodología, el presupuesto, y el equipo responsable de ejecutar la consulta en torno al NAICM y las maneras que pretende ejercer el presidente electo para combatir a la corrupción.