José Ariel Morales, funcionario del sistema penitenciario federal, denunció en 2019 los supuestos sobrecostos por 41 mil millones de pesos en los contratos de los penales privados. No obstante, FGR intenta imputarlo y que lo vinculen a proceso por tales hechos.
De acuerdo con Reforma, Morales es uno de los 20 funcionarios que, por solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), fue citado este domingo para comparecer en una audiencia de imputación ante un juez de control del Reclusorio Sur.
Cabe señalar que la última comisión de este funcionario se dio, como encargado, en el despacho de la Dirección General Adjunta de la Administración de Servicios Integrales de Capacidad Penitenciaria, dependiente de la Dirección de Administración del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
Además, el 11 de marzo de 2019, el ahora imputado presentó una denuncia ante Nicollino Giuseppemariano Cangiamilla Enríquez, titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del OADPRS, por irregularidades en dichos contratos.
En ese momento, Morales detalló dos cosas, primero, los sobrecostos en los Contratos de Prestaciones de Servicios a Largo Plazo (CPS) a empresas privadas que proveían los servicios de prisiones y, segundo, los convenios con auditores técnicos sin experiencia para supervisas estos servicios.
En ese sentido, el funcionario reveló que la OADPRS autorizó a sus proveedores que contaran auditores técnicos que no cumplían los requerimientos para revisas prestaciones de los servicios penitenciarios.
Las denuncias que hizo Morales se refirieron específicamente al Cefereso Número 11 de Hermosillo, Sonora, el Cefereso 16 de Morelos, el penal federal Número 18 de Coahuila.
Mala fortuna para este funcionario, quien valientemente denunció las irregularidades en lo contratos de los penales, pero al final las autoridades lo terminaron persiguiendo.
Con información de Reforma
JZ
