El pasado jueves 29 de septiembre, Carlos Loret de Mola reveló que un grupo de hacktivistas denominado cómo “Guacamaya” vulneró los servidores de internet de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y obtuvo miles de documentos clasificados cómo “confidencial”.
Dichos documentos revelan el verdadero estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, que gobernadores y autoridades estatales y locales están coludidos con el crimen organizado y otros temas polémicos sobre cómo los criminales consiguen armas y operan sin que nadie los detenga.
Sin embargo, dichos documentos también revelan cómo el gobierno de López Obrador fortalece económicamente a las Fuerzas Armadas y con ello cada vez más van ganando terreno en el ámbito civil, lo cual provocará terribles consecuencias.
Te puede interesar | PRD pide a diputados locales no aprobar reforma militar
Así lo alertó María Abi-Habib, jefa de la oficina para México, América Central y el Caribe del New York Times, quién recordó que esté escándalo del “GuacamayaLeaks” ocurrió al mismo tiempo en que el Congreso de la Unión aprobó el dictamen con el que los militares permanezcan en tareas de seguridad hasta el 2028.
En su columna “El hackeo del ejército mexicano expone secretos de la institución más poderosa del país”, hace un recuento de algunos casos polémicos del hackeo a documentos de la Sedena.
Por ejemplo, de cómo Cuitláhuac García y Adán Augusto López, gobernadores de Veracruz y Tabasco, respectivamente, permitieron que grupos criminales entrarán y operarán en su administración.
Por otro lado, expuso cómo AMLO le ha encargado al Ejército la construcción de sus megaobras faraónicas e inservibles.
“Las utilidades de esa empresa van a estar destinadas para las pensiones a los integrantes de las fuerzas armadas”, dijo el presidente esta semana, confirmando la incursión de la Secretaría de la Defensa Nacional en el sector turístico. Es proteger bienes de la nación, porque estamos haciendo obras con presupuesto público”, expuso.
Es allí donde advirtió lo peligroso de fortalecer económicamente a las Fuerzas Armadas, ya que ello abriría la puerta a qué sigan cometiendo más abusos a derechos humanos.
“Según los expertos, al expandirse a la economía del país, las fuerzas armadas podrían protegerse aún más de la supervisión del gobierno porque ya no necesitarán depender de los funcionarios electos para aprobar los presupuestos anuales con el fin de mantenerse a flote”, expuso.
Te puede interesar | Titular de Sedena pospone reunión con diputados para explicar hackeo
Asimismo, indicó que ello impediría que el Ejército rinda cuentas tanto a instituciones como a autoridades civiles.
Cómo ejemplo, expuso cómo militares han utilizado su poder y conexiones para protegerse de la supervisión en el caso de Ayotzinapa.
“Otro correo electrónico filtrado que fue enviado en 2015 también detallaba la solicitud de un general de alto rango al secretario de Defensa de ese momento para “evitar excavaciones” dentro de los cuarteles militares donde podrían haber sido llevados algunos de los 43 estudiantes. Lo que finalmente les sucedió a todos los estudiantes es un misterio, pero se cree que están muertos y se desconoce el paradero de sus cuerpos”, señaló.
Por último, recordó que las Fuerzas Armadas se han caracterizado por no ser transparentes y que han estado involucradas en escándalos como espiar a periodistas y activistas.
“El ejército mexicano tiene un historial de abusos contra los derechos humanos y masacres de civiles, y durante mucho tiempo se ha resistido a la supervisión y la rendición de cuentas. Los correos electrónicos filtrados muestran, en las propias palabras de los oficiales militares, cómo la institución maniobra para eludir al gobierno, empoderarse y proteger a sus propios miembros, incluso en los rangos más bajos”, subrayó.
A continuación puede consultar el texto íntegro.
Con información de The New York Times
MSA
