Tras el fracaso de su estrategia de seguridad basada en “abrazos, no balazos”, el presidente Andrés Manuel López Obrador apostó por fortalecer al Ejército Mexicano, en un intento desesperado para cumplir su promesa de “pacificar al país”.
Para cumplir con ese objetivo, presentó una propuesta para transferir la administración de la Guardia Nacional (GN), que surgió con un mando civil, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); así como aumentar su financiamiento en el Presupuesto de Egresos Federales.
A su vez, los diputados del PRI presentaron y aprobaron, junto con Morena y sus aliados, una reforma para prolongar la presencia de los militares en tareas de seguridad pública hasta el 2028.
Sin embargo, especialistas criticaron esta apuesta del mandatario tabasqueño al señalar que los índices de criminalidad no se reducirán pese a fortalecer a las Fuerzas Armadas.
Al contrario, alertaron que ello provocará que el Ejército sea más opaco y no evitará que sigan cometiendo violaciones a los derechos humanos, ya que no contarán con controles civiles que los regule.
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Dante Jaime Haro Reyes, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU), destacó que de diciembre de 2018 a abril de 2022, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió dos mil 510 quejas contra personal militar por violaciones a derechos humanos y emitió 14 recomendaciones.
“Es una gran tragedia este tipo de decisiones, pues la militarización parece la única forma de enfrentar las situaciones de violencia”, precisó.
Por su parte, Arturo Villarreal Palos, profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la UdeG, aseguró que la militarización está ligada con los abusos.
“Mientras más se profundiza la tarea de los militares más se profundizan las recomendaciones de derechos humanos, y más con los marinos, sin capacidades para lidiar con la sociedad civil”, declaró.
A su vez, Lisa Sánchez, directora de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), explicó que desde los años 40 México ha recurrido a los militares pero desde 2006 lo ha hecho con “esteroides”, y desde ese año ha estado entregándoles funciones completas como la seguridad pública.
Además, dijo, se les ha empoderado a través del presupuesto, mientras que a las fuerzas civiles se les ha escatimado recursos.
“Les hemos incrementado a las Fuerzas Armadas exponencialmente los recursos mientras que a las fiscalías y a las policías se los hemos escatimado o se los hemos desaparecido, que no solo les hemos dado más dinero por la vía del presupuesto, sino que además sobregastan el dinero que les dimos y luego nada más vienen y nos reportan: ‘gasté tantito más’”, planteó.
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Por último, Julio Ríos, profesor de ciencias políticas y derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), comentó que las Fuerzas Armadas históricamente han demostrado ser opacas y suelen recurrir a vías como:
-Adjudicaciones directas.
-Invitaciones restringidas.
-Abuso del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar (FPAPEM).
-Abuso de la normatividad de seguridad nacional que implica un acceso limitado a a la información.
-Adecuaciones presupuestales.
“Las Fuerzas Armadas cada vez más participan en tareas de gobierno, pero cada vez también con menos regulación y responsabilidades que el resto de las instituciones civiles y esto tiene consecuencias. Al aumentar su peso y poder económico, las Fuerzas Armadas aumentan también su poder y su peso político, esto aumenta, fortalece la autonomía de las Fuerzas Armadas y produce un desequilibrio en las relaciones cívico-militares”, dijo.
Con información de udg.mx y Expansión Política
MSA
