Durante la administración de Ernestina Godoy Ramos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México intervino la geolocalización de teléfonos celulares en 48 mil ocasiones sólo entre 2020 y 2021, con base a la propia información proporcionada por la dependencia. Con esto pudo conocer su ubicación sin tener la autorización de un juez para todas las intervenciones, a pesar de ser un requisito legal.
Pese a tener la vigilancia de la geolocalización, no consiguieron la detención de presuntos delincuentes o el rescate de víctimas en riesgo, tal y como lo demuestra la información oficial obtenida mediante solicitudes de transparencia y recursos de revisión.
En noviembre pasado, The New York Times reportó que Godoy, entonces Fiscal General de la Ciudad de México, presuntamente supervisó la vigilancia de opositores políticos del gobierno de Claudia Sheinbaum, como Santiago Taboada, exalcalde de Benito Juárez, y la senadora del PAN, Lilly Téllez. Según el informe, esto se habría llevado a cabo a través de la fabricación de investigaciones falsas con las cuales se solicitaba a empresas de telefonía móvil acceder a los registros telefónicos de los mencionados. A pesar de estas acusaciones, Ernestina Godoy negó estar involucrada en actividades de espionaje.
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Fiscalía de Ernestina Godoy adquirió y utilizó un software para la ubicación de celulares
Además, durante la gestión de Godoy Ramos, la Fiscalía adquirió y utilizó un software para intervenir la ubicación de celulares con la empresa Arcafa S.A de C.V., una proveedora especializada en equipamiento de seguridad y única intermediaria que vende el software TGR Dashboard para vigilar la geolocalización en México.
De acuerdo con los contratos FGJCDMX-056/2020 y FGJCDMX-064/2021, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) adquirió un software de geolocalización de dispositivos móviles de la empresa Arcafa en los años 2020 y 2021. Estos contratos se registraron en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), y la FGJCDMX pagó un total de 31 millones 137 mil pesos por estos servicios.
A pesar de que la Fiscalía no reveló el nombre del software ni las especificaciones del dispositivo, se pudo verificar que Arcafa suministró el software TGR Dashboard mediante otros cuatro contratos con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Estos contratos detallan las especificaciones técnicas de la licencia para la intervención de celulares.
De acuerdo con la información proporcionada por la fiscalía, este equipo se utilizó en 48 mil ocasiones.
Espionaje hecho en la FGJCDMX
Aunque las Fiscalías en México tienen la autoridad legal para rastrear la ubicación de personas, según el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto solo puede hacerse con la autorización previa de un juez federal.
Según el artículo, la única excepción para realizar la vigilancia sin autorización judicial es cuando la vida de una persona está en peligro. En ese caso, la Fiscalía debe confirmar la vigilancia ante un juez en menos de 48 horas para decidir si se suspende o se amplía.
Para comprobar la legalidad del uso del software adquirido a Arcafa S.A. de C.V., Animal Político realizó varias solicitudes de información a la Fiscalía de la Ciudad de México. Una de las preguntas fue cuántas veces utilizaron estas tecnologías, softwares, plataformas o aparatos de geolocalización entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de enero de 2024.
La Fiscalía inicialmente se negó a proporcionar la información solicitada, pero el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México (INFOCDMX) determinó que la institución no había realizado una búsqueda exhaustiva en todas sus áreas y ordenó su entrega, según consta en la resolución del recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.0812/2024.
En respuesta, la Fiscalía explicó que con el contrato FGJCDMX-056/2020 se realizaron 23,767 consultas de geolocalización, utilizando la totalidad disponible, por lo que se requirió el contrato FGJCDMX/064/2021 con 25,000 consultas, todas empleadas. Esto confirma un total de 48,767 intervenciones de geolocalización de celulares entre 2020 y 2021.
Cuando se cuestionó sobre los fundamentos legales para el uso de la licencia de Arcafa, la Fiscalía citó los artículos 291 y 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que permiten solicitar al juez federal autorización para realizar intervenciones, especificando el propósito y la necesidad.
Sin embargo, la Policía de Investigación (PDI), responsable de utilizar el software de Arcafa, no tiene registro de cuántas solicitudes judiciales se presentaron para las vigilancias de ubicaciones, ya que solo sigue las órdenes del Ministerio Público, según su respuesta al recurso de revisión.
Ante esta respuesta, se solicitó a la Fiscalía información sobre las solicitudes para la intervención de comunicaciones privadas presentadas ante cualquier área del Poder Judicial de la Federación entre enero de 2018 y enero de 2024. La Fiscalía buscó en siete áreas específicas, pero ninguna reconoció haber realizado solicitudes para intervenir geolocalizaciones durante el periodo en que se realizaron los 48,000 seguimientos con el software de Arcafa.
Por ejemplo, la Fiscalía de Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas informó que no realizó ninguna solicitud de este tipo durante ese periodo. Mientras tanto, la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio detalló haber realizado cuatro solicitudes de intervención a las comunicaciones privadas en enero, febrero y septiembre de 2023, dirigidas a empresas como AT&T, Pegaso, Telmex y Telcel, para ubicación y cumplimiento de órdenes de aprehensión, de las cuales tres fueron autorizadas.
FGJCDMX realizó solicitudes de extracción de datos
Durante enero, febrero, septiembre y noviembre de 2023, la Fiscalía de Ernestina Godoy realizó cinco solicitudes de extracción de datos, enfocadas en la búsqueda de mensajes o imágenes relevantes a los casos investigados. Solo tres de estas solicitudes fueron autorizadas. Es importante destacar que ninguna de estas autorizaciones estuvo relacionada con la geolocalización de celulares.
Expertos en derechos digitales y jurídicos han señalado que el uso del software de geolocalización por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México sin autorización judicial constituye un acto de espionaje. Según Luis Fernando García Muñoz, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), la extracción de información sin consentimiento y sin la debida autorización del propietario se considera una intervención ilegal en las comunicaciones privadas, conforme a criterios establecidos por la Suprema Corte.
García Muñoz enfatizó que la ley exige una autorización judicial federal para cualquier intervención de este tipo. La única excepción permitida sería en casos de emergencia donde la vida de una persona esté en peligro, pero la Fiscalía negó haber aplicado este criterio, asegurando que todas sus intervenciones están respaldadas por órdenes judiciales.
Además, la Fiscalía no posee registros que documenten los resultados de las intervenciones de geolocalización realizadas. En respuesta a solicitudes de información, indicaron que no encontraron evidencia de personas rescatadas o detenidas como resultado de estas operaciones (solicitudes 092453824000015 y 092453824000010).
Estas revelaciones han sido utilizadas por diputados locales de oposición para cuestionar la ratificación de Godoy Ramos como fiscal, argumentando que estos actos de espionaje fueron dirigidos contra detractores políticos, tal como reportó el diario The New York Times. Esta controversia contribuyó a la decisión de no ratificar a Ernestina Godoy el pasado 8 de enero. Posteriormente, se anunció que se uniría al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum Pardo y sería incluida como consejera Jurídica de la Presidencia en su gobierno.
Con información de Animal Político
