Por primera vez, la Fiscalía General de la República (FGR) uso un testimonio de Emilio Zebadúa para imputar a un exfuncionario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Fue en la audiencia de imputación, donde el exoficial Mayor de la Sedatu declaró que a partir de 2012, se inició una estrategia para proporcionar recursos públicos de la Secretaría de Hacienda para pagar deudas y compromisos derivados de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto.
En la audiencia que se celebró este lunes, de manera virtual, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, para imputar a Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de la Sedatu, por su presunta responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, por más de 185 millones de pesos, los fiscales afirmaron que la estrategia referida era conocida por las extitular de la Sedatu Rosario Robles y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray.
Los fiscales también detallaron, que lo anterior ocurrió bajo las supuestas órdenes de Robles Berlanga, mientras que los recursos fueron autorizados por Videgaray. Por lo que se ordenó disponer de mil 267 millones de pesos, los cuales serían asignados a la Cruzada contra el Hambre.
También relataron que a Zebadúa le constaba que Robles conoció las irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló sobre los convenios de colaboración con diferentes entidades públicas.
Enrique González escuchó los argumentos de la fiscalía, ante el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, que lo señaló como probable responsable de “firmar un convenio con la Universidad Politécnica “Francisco I. Madero” de Hidalgo, en enero de 2016, para llevar a cabo servicios para el Centro Ciudad de las Mujeres, por un monto de 185 millones 839 mil pesos”.
Además, los agentes del Ministerio Público expresaron que, tras la firma del convenio con el entonces rector de la casa de la universidad Juan de Dios Nochebuena Hernández, la institución educativa subcontrató los mismos servicios a dos empresas privadas.
Dichas compañías son Contabilidad y Soluciones INNER, a la que se le pagó más de 42 millones de pesos y Asesores Contables Administrativos VICMA, que recibió 139 millones.
Ante esta situación, la FGR reveló que la Sedatu entregó hasta 2018, una computadora al Centro Ciudad de las Mujeres, pero con una aplicación que no era funcional.
Después de darse a conocer esta información durante la audiencia, la defensa de Emilio Zebadúa solicitó 144 horas para presentar datos de prueba a favor.
Por lo anterior, será hasta el próximo sábado cuando se resolverá la situación jurídica de Enrique González, quien aún goza de libertad, aunque el delito referido no amerita prisión preventiva oficiosa.
Algunos no lo esperaban, pero por primera vez, la FGR uso un testimonio de Zebadúa para imputar a un exfuncionario de la Sedatu.
Con información de Milenio
JZ
