Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó el proceso electoral de 2024 al enlistar a sus candidatos presidenciales de Morena, en varios estados del país han aparecido espectaculares que promocionan la imagen de sus “corcholatas”, principalmente de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López.
Sin embargo, a mediados de junio de este año, cuando las “corcholatas” se registraron para buscar ser nombrado el “coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación”, y con ello se marcó el inicio de la precampaña electoral de Morena, la guerra propagandística para promocionar su imagen se incrementó.
En las últimas semanas hemos visto desde volantes, anuncios y pintas, hasta playeras, banderolas, calcomanías y mantas con el nombre e imagen de las “corcholatas”.
Para desgracia de los aspirantes presidenciales morenistas, especialistas en materia política calificaron como ilegal la estrategia que están usando para promocionarse.
En ese sentido, manifestaron su preocupación sobre quién está financiando dicha propaganda, y advirtieron que el proceso adelantado en el que están inmersos los aspirantes a la candidatura presidencial del partido guinda tampoco permite que la autoridad electoral fiscalice dichos gastos.
Preocupante el modus operandi que usan para promocionar a las “corcholatas”
José Antonio Crespo, doctor en Historia y maestro en Sociología Política, señaló que, además de ilegal, la estrategia de Morena de cara a 2024 provocó que la oposición comience a hacer lo mismo en materia de promoción anticipada.
“Hace dos años que están violando la ley, por supuesto que es ilegal, pero se puede decir lo mismo de la oposición, aunque a la oposición no le quedó más remedio. Si los tribunales avalan que esa campaña continúe, pues la oposición se sube ahí, pero, ¿es ilegal? Sí, sí es ilegal”, puntualizó.
Sobre la efectividad de dicha estrategia, el experto señaló que en materia de propaganda siempre es mejor hacer algo a no hacer nada.
“¿Qué tanto les puede ayudar? Pues no sé, depende de cada candidato, depende de la gente que lo lea, depende de lo que digan los trípticos, pero si me pregunta si es mejor hacer algo que no hacer nada, sí, sí es mejor porque te dan a conocer, por lo menos hacen que la gente te conozca más”, detalló.
El politólogo hizo énfasis en cuestionar de dónde vienen los recursos para la adquisición de los trípticos y aseguró que esa es la parte más preocupante de este modus operandi para promocionar a las “corcholatas” de Morena.
“Eso es una tarea del INE que en su momento tendría que ir haciendo. El INE nos tendría que responder quién pagó toda esa publicidad y, en caso de que sean recursos públicos, es un delito electoral”, señaló.
Hay una doble ilegalidad con la propaganda morenista
Por su parte, el analista político Leonardo Núñez consideró que “claramente estamos en una situación más de propaganda ilegal”, primero porque está fuera de los periodos de campaña y, segundo, porque no existen registros de quién está financiando los volantes.
“Es abiertamente ilegal, es una estrategia más para tratar de influir y tratar de incidir en las preferencias vulnerando los espacios y los marcos legales establecidos”, señaló.
Y agregó: “La doble ilegalidad en la que se encuentran o la doble opacidad en la que se encuentran ciertamente se trata de una estrategia de posicionamiento, pero creo que no es necesariamente la más efectiva, pero otra vez lo que estamos viendo es una multiplicidad de recursos utilizados en donde este es uno más de de la multiplicidad de gastos ilegales que se están dando”.
Sobre la cantidad de recursos que se están utilizado, dijo que más que preguntarse cuánto se está pagando se debe cuestionar quién está financiando los trípticos.
“Justo ahí es donde está el problema, no sabemos quién está pagando, no sabemos de dónde viene ese dinero, y todo es consecuencia del adelantamiento de campañas electorales, porque si estuviéramos en periodo de campañas cada uno debería transparentar qué se paga y a quién se le paga por espectaculares, impresos, etcétera, y hoy no tenemos nada de eso”, puntualizó.
Finalmente, recordó que llegado el tiempo de precampaña será responsabilidad del Instituto Nacional Electoral (INE) fiscalizar los gastos, aunque lamentó que en tanto no comiencen no existe obligación de transparentar, de sujetarse a un tope de gastos, ni tampoco es posible imputar los recursos que se están utilizando en este momento.
Con información de El Universal
MSA
