El pasado miércoles 14 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la desaparición del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) al acusar que esta institución creó fideicomisos millonarios y transfirió dichos recursos a empresas privadas “bajo el supuesto fomento de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación”.
“El Conacyt toleró la simulación al acreditar programas profesionalizantes, en particular de universidades e instituciones de educación superior del sector privado, poco o nada vinculados a la investigación humanística o científica, pero cuyo reconocimiento sirvió como señuelo de mercado para atraer clientes que, con el subsidio público que recibían, pagaban costosas cuotas por concepto de inscripción y colegiaturas”, dijo.
Por ello, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y a la Ley de Planeación, y se abrogan la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para eliminar y transformar al Conacyt.
Con ello, según él, busca revertir la política científica y tecnológica de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto “que buscó satisfacer las necesidades de investigación científica de las empresas privadas e incrementar el gasto privado en inversión científica, desarrollo tecnológico e innovación”.
¿En qué consiste la transformación de la 4T al Conacyt?
De acuerdo con la propuesta, el Conacyt se transformaría en Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Conahcti) y su Junta de Gobierno estaría integrada por las secretarías de Agricultura, Bienestar, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Cultura, Economía, Educación, Energía, Hacienda, Defensa Nacional, Marina, Medio Ambiente, Relaciones Exteriores y Salud.
El artículo 64 de la iniciativa establece que las sesiones de la junta se podría invitar con voz y voto a seis representantes de la comunidad y de los sectores social y privado, además de que se podría invitar, con voz pero sin voto, a servidores públicos, académicos, humanistas, científicos, personas tecnólogas, innovadoras y “en general a cualquiera que, por sus conocimientos y experiencia, se estime pudiese contribuir a la deliberación de los asuntos de competencia de la Junta de Gobierno”.
Se precisa que todos los recursos públicos que destine el gobierno federal para el fomento y apoyo de las actividades en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación “se canalizarán, preferentemente, de manera directa a las personas becarias humanistas, científicas, tecnológicas e innovadoras a través de programas presupuestarios, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables”.
En este rubro, también ordena que las dependencias encargadas “se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de contratos que evadan lo previsto”.
Requisitos para definir a los centros públicos de investigación
El artículo 71 de la iniciativa indica que los centros públicos de investigación conformarían el Sistema Nacional de Centros Públicos, que se convertiría en una herramienta de articulación de recursos, infraestructuras y redes, para “contribuir con sus capacidades al diseño, ejecución y evaluación de actividades, programas y proyectos en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación relacionados con las áreas estratégicas o prioritarias del desarrollo nacional y los temas de interés público nacional o de atención indispensable”.
A su vez, el artículo 79 apunta que estos centros dejarían de ser considerados como tales cuando la junta así lo determine en los siguientes casos:
1.- Cuando, en los hechos, realicen de manera preponderante actividades que no sean investigación humanística y científica, desarrollo tecnológico o innovación.
2.- Por solicitud que realicen a la dependencia coordinadora de sector y al consejo las secretarías de Hacienda y de la Función Pública, a partir de los resultados de las revisiones, auditorías y evaluaciones que se practiquen conforme a las disposiciones legales aplicables.
3.- Por solicitud de la dependencia coordinadora de sector.
4.- Como consecuencia de las evaluaciones correspondientes que se realicen conforme a esta ley.
5.- Por votación unánime del órgano de gobierno del centro público correspondiente.
Estados y municipios deberán elaborar programas
Entre los ejes fundamentales de la propuesta del ejecutivo se encuentran:
1.- Introducir el derecho humano a la ciencia
2.- Implementar la entrega de becas sin intermediarios
3.- Garantizar a estudiantes de maestría y doctorado de escuelas públicas el acceso universal a becas
4.- Obligar al nuevo Consejo a implementar un Sistema Nacional de Posgrados para promover y consolidar programas de maestrías.
Establecer que los estados y municipios elaboren programas en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación; eliminar de la Junta de Gobierno al representante de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Aniues), a dos integrantes del Sistema Nacional de Investigadores y a dos representantes del sector empresarial, quienes podrán participar con voz pero no con voto.
Obliga a la formulación de una agenda nacional para atender y afrontar las necesidades, problemáticas y retos de la sociedad mexicana; que los esfuerzos del sector estén dirigidos a fortalecer la soberanía nacional a partir de la consolidación de la independencia científica y tecnológica del país.
Con información de Animal Político y El Financiero
MSA
