Previo a concluir su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en febrero enviaría sus últimas reformas constitucionales para consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación.
En respuesta, los partidos de oposición anunciaron que están listos para frenar dichas iniciativas las cuales calificaron como regresivas.
Cabe recordar que en abril y mayo del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó dos iniciativas prioritarias del mandatario tabasqueño; se tratan de la reforma para militarizar la seguridad pública y su “Plan B” de la Reforma Electoral.
Sin embargo, estas reformas son dos de ocho reformas que busca AMLO que sean aprobadas este año antes de entregar la banda presidencial el próximo martes 1 de octubre de 2024.
Algunas de esas propuestas ya fueron avaladas por el Congreso, pero luego invalidadas por la Corte o no han podido avanzar de manera integral sino sólo parcialmente, por lo que ahora Andrés Manuel plantea insistir para que se concreten sus objetivos.
Militarización de la Guardia Nacional
López Obrador insistió en entregar la administración de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para, según el, no se “echara a perder” como la Polidía Federal.
En ese sentido, indicó que las Fuerzas Armadas deben mantenerse en labores de seguridad pública y volverá a presentar una iniciativa de reformas constitucionales en la materia.
Para ese cambio se requiere reformar la Constitución, pero como actualmente Morena y aliados no cuentan con mayoría calificada en el Congreso para modificarla, López Obrador intentó en 2022 realizar los cambios vía reforma a cuatro leyes secundarias que transfirieron el control operativo y administrativo de la GN a la Sedena.
Esa reforma que se conoce como la militarización de las tareas de seguridad fue invalidada por la SCJN el 18 de abril de 2023, pues el artículo 21 constitucional establece expresamente que la GN debe ser civil.
Así que ordenó que el 1º de enero el control de la GN quedara a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cuyo mando es civil. Ante esa orden de la SCJN López Obrador advirtió el 7 de diciembre que irá de nuevo por la militarización.
Reforma al Poder Judicial
Como se mencionó anteriormente, la SCJN invalidó dos reformas cruciales de Andrés Manuel; en respuesta López Obrador emprendió una campaña de odio en contra del Poder Judicial.
En ese sentido, planteó la urgencia de “democratizar” a este órgano del Estado Mexicano, por lo cual insistirá en enviar una reforma con la cual buscar que los ministros y magistrados sean electos por medio del voto popular.
“Antes de que yo termine, voy a enviar cuando menos tres reformas hasta ahora, pero vienen tres reformas. La del Poder Judicial, para que el pueblo elija a los ministros como lo establecía la constitución liberal de 1857, en la época del presidente (Benito) Juárez, que los ministros los elegía el pueblo”, explicó el 9 de mayo.
El 7 de diciembre también se fijó la meta de enviar en febrero esa iniciativa para sanear a la SCJN que consideró como “podrida”.
“Solamente así se va a poder limpiar el Poder Judicial, no encuentro otro método más que el democrático, para limpiar de corrupción del Poder Judicial. ¿Cómo se le hace para que no haya jueces, magistrados y ministros corruptos?”, cuestionó.
Reforma electoral y extinción de autónomos
Al paquete que anunció el 7 de diciembre, el presidente añadió otra vez una reforma electoral, que propone para recortar 3 mil 500 millones de pesos del Instituto Nacional Electoral (INE).
Parte del objetivo del “Plan B” era reducir el costo de las instituciones electorales y destinar esos recursos a otras tareas, por lo que insistió en las enmiendas.
Esta también sería reforma de revancha, pues además del “Plan B” ya intentó recortar presupuesto al INE durante cinco años, de 2019 a 2023, durante la aprobación de los presupuestos autorizados para esos años por la Cámara de Diputados, donde Morena y aliados tienen mayoría simple.
En todas esas ocasiones, salvo este 2024 en que hay nueva presidenta del INE, Guadalupe Taddei, el INE ha recurrido a la Corte en rechazo a los ajustes a su gasto y la SCJN ha suspendido los recortes o los ha moderado.
Pero el INE no ha sido el único organismo que ha sido puesto en la mira del presidente. En su mañanera del 11 de diciembre pasado anunció que antes de cerrar su mandato propondrá eliminar a organismos autónomos en una iniciativa de reforma administrativa y con el fin de ahorrar recursos.
Entre los organismos que a su juicio “no sirven de nada” y por tanto deben ser eliminados, mencionó a los institutos Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección da Datos Personales (INAI), el Federal de Telecomunicaciones (IFT), además de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Federal de Competencia Económica (Cofece).
“Hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada, son gastos superfluos (…) todavía no terminamos de hacer todos los ajustes que requiere la administración pública, que esa es otra iniciativa de Ley que quiero enviar”, adelantó.
“Tienen que desaparecer todos esos organismos” y en la iniciativa –esbozó– delineará “cómo desmontar todo ese aparato que crearon paralelo al gobierno para tener el control de todas las decisiones del poder público, que el INAI, el IFT, la Cofece, la CRE, que no sé cuánto” y que -acusó– intervienen cada que él quiere “defender a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad”.
Tres cambios en programas sociales
Entre agosto y diciembre, el presidente López Obrador y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, propusieron cambios en el alcance o en la base legal de tres programas sociales.
Estos son muy concretos: reducir en la Constitución la edad para las pensiones de adultos mayores, incluir en la Carta Magna los apoyos a personas con discapacidad, a las que se ampliará el respaldo para rehabilitación, y hacer constitucional el programa Sembrando vida.
El 29 de septiembre, en el Estado de México, el mandatario afirmó: “tengo yo ya pensado enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para ajustar. (…) Ya logramos que el programa de adultos mayores esté en la Constitución, es decir que sea un derecho constitucional, y ya está, pero como antes era a partir de los 68 y ahora es a partir de los 65, antes de que yo me vaya, vamos a hacer la modificación para que quede de 65 en adelante”.
También dijo que se buscará que el reparto de esa pensión sea mensual o quincenal con el apoyo de la Secretaría de Bienestar y el Banco de Bienestar en acuerdo con la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El 3 de diciembre, en el Día Internacional de las personas con discapacidad, el presidente inauguró el Centro de Rehabilitación del Teletón (CRIT) Sinaloa, en Mazatlán y ahí insistió en que en febrero enviará una iniciativa al Congreso para dar rango constitucional a las pensiones para personas con discapacidad e incluir algo que no está hoy en ley ni incluido en ningún programa social: el derecho a la rehabilitación para menores.
“Nos faltan 10 meses en el gobierno, pero así como se dio ese nivel constitucional a la pensión para adultos mayores, eso mismo voy a hacer para que personas, personitas, niños, niñas con discapacidad, también sea un derecho constitucional y esté quien esté no puedan quitarles y se les garantice el derecho a la rehabilitación también”, dijo.
Y agregó: “En febrero y antes de irnos voy a enviar que se elevar a rango constitucional el derecho de los discapacitados porque no está”, agregó el 7 de diciembre al explicar que la pensión es importante pero se requiere tratamiento en el caso de discapacidades, pues algunas inician como leves y si no se atienden se convierten en graves o permanentes, con un alto costo económico para las familias”.
Reforma por la salud
También, el 11 de diciembre en que reiteró su interés de extinguir a organismos autónomos, el presidente López Obrador dio a conocer que también enviará una iniciativa de ley para prohibir los vapeadores, pues generan mucho daño a la salud de sus consumidores.
El uso de esos equipos, permitido gracias a la suspensión otorgada a una comercializadora por el ministro de la SCJN Javier Laynez Potisek fue parte de los argumentos por los cuales, a su juicio, procede la reforma judicial que renueve a jueces y magistrados.
Lainez se ha convertido “en el más tenaz de los defensores de las causas que tienen que ver con la corrupción”, acusó el jefe del Ejecutivo.
Con información de Expansión Políticas
MSA
