El titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert denunció que el Estado mexicano está incurriendo en una “omisión criminal” al dejar sin protección y asistencia a los migrantes y enfatiza en que el 90 % esta integrado por familias y casi una tercera parte niños y niñas.
El gobierno mexicano ha fallado en implementar un modelo eficiente de intervención para dar la debida atención humanitaria a estos ciudadanos, dijo Peimbetr. Y destacó que ha seguido la caravana desde su entrada a Oaxaca y salida hacia Veracruz, junto con su equipo de defensoría oaxaqueña.
Incluso destacó que funcionarios del gobierno federal realizaron hostigamiento a los dueños de transportistas oaxaqueños para presionarlos y evitar el apoyo de autobuses en Juchitán, lo que causó que le dieran la espalda a 7 mil personas que iban en la caravana.
Pareciera, dijo, que la finalidad es impedir su llegada a Ciudad de México. Pero si pudieran llegar a la capital, ya en mejores condiciones físicas, se podría propiciar un debate que les permitiera reflexionar sobre su situación de migrantes y quizá rencauzar la caravana.
