Si dudaban que el gobierno de López Obrador aplica una clara censura oficial, esa duda fue disipada por el propio presidente.
Y es que en “la mañanera” de ayer jueves, Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) –de la SHCP–, anunció que pedirá todo el peso de la ley contra los creadores y productores del documental “Populismo en América Latina”.
La razón de esa persecución, según dijo Nieto, es que los productores de la serie habrían incurrido en presunta “propaganda negra” contra AMLO, en el pasado proceso electoral.
Además, Obrador y Nieto deslizaron la idea perversa de que empresas productoras de la serie –y empresarios que habrían apoyado a candidatos del PRI y del PAN–, pudieron haber incurrido en lavado de dinero.
¿Y qué significa todo lo anterior?
Elemental, parece la confirmación de que el gobierno de Obrador no sólo aplica una grosera “censura oficial” sino que ordena la persecución y el linchamiento oficiales contra medios, periodistas, productores y empresas que cuestionan a su gobierno.
Y es que para Obrador el mayor enemigo de su gobierno es la crítica, la información pura y dura que todos los días desmiente las mentiras mañaneras; que a diario exhibe las contradicciones del discurso presidencial y muestra contundentes las deficiencias de su gestión.
Además, el anuncio de Santiago Nieto confirma que el populismo “lopista” es el principal enemigo de libertades y derechos básicos para la democracia; como la libertad de expresión y el derecho a la información.
Pero hay más. Resulta delirante y locuaz que a través de Santiago Nieto, el presidente pretenda cobrar venganza contra productores de un documental que, en su momento, exhibió lo que hoy todos saben: que son idénticos los populismos de AMLO, Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Evo Morales.
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Pero la venganza va más lejos si recordamos que Alejandro Quintero –cuya empresa realizó la serie “El Populismo en América Latina”–, es el productor al que por años serviles lopistas identificaron como el constructor de la exitosa campaña que llevó a los Pinos a Enrique Peña Nieto.
Por eso, resultaría monstruoso que las instituciones del Estado sean utilizadas para vengar supuestos o reales agravios del pasado.
Sin embargo, tampoco es nueva la persecución contra los críticos del gobierno de Obrador.
Si hacemos memoria recordaremos que por años el político más popular de México, López Obrador, insulta a todos aquellos periodistas y medios que lo cuestionaban por sus incongruencias y excesos discursivos.
En el más reciente proceso electoral, por ejemplo, ordenó linchar en redes y medios a algunos de sus más severos críticos, entre ellos el autor del Itinerario Político, perseguido hasta niveles demenciales.
Ya como presidente, Obrador y sus leales montaron toda una red de perseguidores de los críticos del nuevo gobierno. Distintas investigaciones han confirmado la existencia de esa poderosa red de bots en todas las plataformas de redes sociales que, a la menor crítica al gobierno de AMLO, activan feroces campañas de desprestigio.
De manera paralela, el gobierno de Obrador colocó en todos los medios del Estado –radio y televisión–, a incondicionales que por años fueron sus aplaudidores. De esa manera garantiza que dichos medios se conviertan en propagandistas del nuevo régimen.
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En otro flanco, Obrador exigió a medios privados –Radio Centro, Milenio y Televisa, entre otros–, contratar y dar espacio a sus aplaudidores que lo mismo conducen informativos, que aparecen como opinantes de moda, casi siempre provocando la carcajada “del respetable”, por la colección de estupideces.
Pero tampoco ahí termina la historia. Hoy es realidad lo que siempre cuestionó la izquierda mexicana; la persecución fiscal de las empresas cuyos medios critican al gobierno.
El caso más escandaloso había sido, hasta hace una semana, la persecución contra el diario Reforma, al que el gobierno de Obrador mandó un grosero mensaje desde el SAT. “¡Se alinean o serán perseguidos!”, pareció la advertencia de fondo.
Pero la censura y la persecución del gobierno de AMLO escaló nuevos peldaños. Hace pocas horas estalló una nueva persecución.
Resulta que la diputada Tatiana Clouthier publicó un libro plagado de falsedades en el que –entre muchas otras mentiras–, asegura que el historiador Enrique Krauze y un grupo de empresarios habrían estado detrás del portal anónimo “Pejeliks”, que en la campaña presidencial cuestionó a Obrador.
Sin una sola prueba y sólo mediante la difamación y la calumnia, se desató una persecución contra Enrique Krauze.
Queda claro; es oficial que hay censura y persecución oficial contra los críticos de AMLO.
Al tiempo.
