El gobernador de Chihuahua, Javier Corral -con el apoyo de la Fiscalía del estado-, no cambia su postura y se mantiene firme, pues tiene claro que al concluir el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, éste deberá responder ante las autoridades por los nexos que pueda tener con el detenido Alejandro Gutiérrez Gutiérrez (ex secretario general adjunto del PRI) y el ex gobernador, César Duarte, acusados del desvío de recursos públicos.
Como consecuencia, el mandatario federal y su equipo legal, presentaron una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algo meramente precautorio, ante cualquier acción legal que decida emprender, ya sea, la Fiscalía de Chihuahua o la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador.
Dicha controversia quedó registrada con el número 183/2018, aunque, todavía no es admitida por un ministro del Alto Tribunal.
“No solo se busca proteger, con este reclamo, al presidente, también a todos los integrantes de su actual gabinete, ante cualquier citación judicial, órdenes de aprehensión, presentación o arraigos respecto a actuales o anteriores funcionarios públicos federales con los que se les llegue a relacionar al ejercer sus funciones”; señaló el consejero jurídico de la presidencia, Misha Leonel Granados Fernández.
Para la Fiscalía de Chihuahua, y sobre todo para Javier Corral, hay pruebas suficientes que mostrarían a Peña Nieto como el presunto responsable de proteger a el ex gobernador César Duarte, de comparecer ante los tribunales del estado norteño. Pero no todo termina ahí, ya que de ser necesario, según Corral, EPN también podría ser citado ante tribunales internacionales por los delitos de obstrucción a la justicia y amparo a la corrupción.
Todo parece indicar que, para Javier Corral, no hay “amnistía” o acuerdo que pueda proteger a Peña Nieto después de que concluya su gobierno.
