El 25 de junio del año pasado, el gobierno de Estados Unidos hizo una petición formal para extraditar a Joaquín, el Chapo, Guzmán.
El 13 de julio del mismo año –18 días después–, el Chapo se fugó del penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.
El 31 de julio siguiente –18 días después–, la defensa del Chapo solicitó un amparo contra cualquier orden de aprehensión con intenciones de extradición de Guzmán Loera.
Y el 11 de agosto –11 días después–, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Distrito Federal avaló el amparo interpuesto por la defensa del líder del Cártel del Pacífico.
En consecuencia, un mes después de su fuga, el Chapo Guzmán estaba amparado contra un juicio de extradición.
Sin embargo, hace unas horas –tras la tercera captura de Joaquín Guzmán Lorea–, la Procuraduría General de la República aseguró que no existen impedimentos legales para extraditar al narcotraficante.
De hecho, la PGR hizo público que en cualquier momento se notificará al Chapo de las solicitudes de extradición que existen en su contra y él tendrá 20 días para construir su defensa en contra del proceso.
Según la Procuraduría, habría hasta seis amparos en contra de Guzmán Loera. No obstante, también dijo que ninguno sería impedimento para iniciar y concretar un juicio de extradición.
En pocas palabras, todo indica que el Chapo sería extraditado al cabo de dos o tres meses.
O si lo prefiere, que el gobierno federal habría aprendido la lección y no correría el riesgo –otra vez– de que Joaquín Guzmán se fugue de una cárcel mexicana.
