A más de cuatro meses de haber acudido a las urnas para depositar sus votos, los hidrocálidos todavía no saben quién será su próximo gobernador.
Y es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avanza lentamente rumbo a la resolución acerca de la validez o nulidad de las elecciones de gobernador en Aguascalientes.
Tras la jornada electoral del pasado 5 de junio, en la que el panista Martín Orozco Sandoval superó —apenas por dos puntos porcentuales a la priista, Lorena Martínez—, el partido tricolor impugnó los resultados argumentando una serie de irregularidades relacionadas con los comicios.
El PRI acusó una presunta intervención de la iglesia católica a favor del PAN; y también afirmó que el alcalde de la capital del Estado, Juan Antonio Martín del Campo —de extracción panista— promovió el voto a favor de Martín Orozco Sandoval a través de la entrega de despensas. Asimismo, argumentó que el candidato panista rebasó los topes de campaña y que el Instituto Electoral de Aguascalientes omitió el cómputo de alrededor de dos mil 800 votos.
Este miércoles, el TEPJF desestimó dos de los argumentos del PRI. Validó la fiscalización realizada por el INE a la campaña, con lo que echa por tierra la especulación del rebase de los gastos permitidos por parte del panista. Asimismo, determinó que no hubo irregularidades en la repartición de despensas en el municipio a cargo del alcalde panista Juan Antonio Martín del campo.
Sin embargo, al parecer todo quedó en suspenso, pues el Tribunal no hizo referencia a las demás irregularidades acusadas por el PRI —dentro de las cuales la más importante podría ser la omisión en el cómputo de los dos mil 800 votos— y pospuso su resolución.
El problema es que el tiempo escasea. De acuerdo con el magistrado Manuel González Oropeza, la única fecha límite que tiene el Tribunal para validar —o en su caso invalidar— los resultados es el 1 de diciembre, fecha en que deberá tomar posesión el nuevo gobernador.
Pero quizá el factor que genera más incertidumbre es la renovación de los siete magistrados que integran la sala superior del Tribunal. La fecha marcada para la sucesión es el próximo 4 de noviembre, es decir, en menos de un mes.
Aunque medios locales especulan que la resolución podría emitirse la próxima semana, el panorama es incierto y por lo pronto hay más preguntas que respuestas en torno al futuro de Aguascalientes.
¿Resolverán el caso los magistrados del TEPJF antes de dejar el cargo? ¿O heredarán el asunto a sus sucesores? Si es así, ¿Cambiará el panorama con los nuevos magistrados? ¿La llegada de nuevos magistrados podría darle un giro al caso? ¿Se resolverá el tema a la brevedad? ¿O esperará el Tribunal hasta el día marcado para la toma de decisiones para validar los resultados o, en su caso, anunciar que habrá nuevas elecciones?
Por lo pronto, con la resolución en el aire y la renovación del Tribunal Electoral a la vista, los hidrocálidos no sólo desconocen en manos de quién quedará la gubernatura, Tampoco tienen la certeza de en manos de qué magistrados recaerá la definición acerca de la validez o nulidad de la elección.
Si no se apura, el TEPJF no solo dejará pendiente la resolución del caso Aguascalientes; también la de Veracruz, donde se ha hecho menos ruido, pero también está pendiente la respuesta a una impugnación presentada tanto por el PRI como por Morena en los comicios para la gubernatura del estado.
