La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó de manera “condicionada” la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del tramo 5 sur del Tren Maya.
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) entregó el pasado 18 de mayo el estudio con la intención de reactivar la construcción de este polémico tramo que va de Playa del Carmen a Tulum y que quedó suspendida por varios juicios de amparo.
Así, en apenas 36 días y pese a denuncias de omisiones, inconsistencias e información falsa, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat avaló la construcción del Tramo 5 Sur del Tren Maya.
El aval ambiental se da días después de que la dependencia convocó a la reunión pública de información que se realizó el pasado siete de junio en la “Casa Ejidal” ubicada en el Ejido Jacinto Pat, en el municipio de Tulum, Quintana Roo.
El proyecto debe hacerse público, ya que la publicación y difusión de la información derivada del proceso de evaluación de impacto ambiental debe ajustarse a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.
Te puede interesar | ¡Mintió! Obrador prometió que en un año sería reinaugurado la L12
El polémico tramo prevé obras sobre cenotes, cuevas y ríos subterráneos de Playa del Carmen a Tulum, impactando 516 mil 758 hectáreas de selva virgen.
Organizaciones como Greenpeace y el Centro para la Diversidad Biológica (CDB) advirtieron hace un par de semanas que si la MIA que corresponde a este tramo se aprobaba “en tiempo récord”, se impugnaría, ya que –señalaron- se violaron diversos aspectos como la consulta de al menos 90 comunidades.
También se incumple con el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Por su parte, el colectivo Sélvame del Tren advirtió que pese a la Manifestación de Impacto Ambiental las obras deberían tardar años en iniciar porque el predio implicado está impactado por la tala y se debe autorizar el cambio de uso de suelo, para lo cual deben pasar al menos 20 años.
De esta forma, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tendría que clausurar de manera total y definitiva las obras y ordenar la restauración y regeneración del ecosistema, conforme a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Con información de Excélsior y La Jornada
MSA
