Este domingo se lleva a cabo en la Ciudad de México la elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016, proceso que muchos capitalinos desconocen o simplemente no les interesa participar.
Se trata de un ejercicio democrático a nivel microsocial organizado por las autoridades electorales: la comunidad elige de entre sus vecinos aquellos que serán los representantes de su colonia. Cabe señalar que los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos son órganos de representación puramente ciudadanos, en los que no intervienen funcionarios públicos ni partidos políticos; o al menos eso es lo que la ley establece.
Durante el miércoles 31 de agosto y el jueves 1 de septiembre, el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) instaló un sistema de votación electrónica para recibir el sufragio de quienes no podrían acudir a las urnas este domingo, día en el que se llevará a cabo la jornada electoral. Sin embargo, cuando aún no vota la mayoría de la población, ya existen testimonios que ponen en duda la legitimidad del proceso pues la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) recibió al menos 86 denuncias acerca de irregularidades suscitadas en la jornada del miércoles y jueves.
La mayoría de estas denuncias están relacionadas con la intervención en el proceso electoral de funcionarios públicos, operadores de diversos partidos políticos y organizaciones de comerciantes. De acuerdo con información del periódico Reforma, en Coyoacán se acusó que el delegado, Valentín Maldonado—del PRD—, armó una de las fórmulas que compiten para en las elecciones de Comité Ciudadano con trabajadores de su administración. Algo similar ocurrió en Iztapalapa, donde vecinos acusan a la delegada perredista, Dione Anguiano, de inscribir a sus familiares en plantillas y comprar votos.
En distintas delegaciones vecinos también han denunciado que operadores del PRD y del PAN reparten dinero o bienes materiales a cambio de votos por alguna fórmula en particular. Además, se cuenta con testimonios que relatan cómo algunos líderes de organizaciones de vendedores ambulantes llevaron acarreados a los centros de votación bajo la amenaza de retirar su puesto o cambiarlo de ubicación, obligando a sus agremiados a llevar a cuatro personas a votar por plantillas afines a sus intereses.
Pero, ¿Por qué el interés de funcionarios públicos, partidos políticos y hasta organizaciones de comerciantes por intervenir en un sistema de representación de las colonias, en el que los ganadores de la elección no reciben sueldo alguno ni obtienen ningún tipo de fuero o rango político?
La importancia de los Comités Ciudadanos —formados por nueve miembros cuyos puestos se reparten de acuerdo con la cantidad de votos de cada fórmula registrada en la colonia— radica en que ellos se encargan de recopilar y promover las demandas de los habitantes de la colonia, así como proponer programas de desarrollo comunitario y coadyuvar a su ejecución. Además, todos los miembros de cada Comité Ciudadano conforman en su conjunto al Consejo Ciudadano de la delegación; órgano que articula las demandas de los habitantes de la demarcación y tiene interacción con el Jefe Delegacional.
Por ello, el hecho de que los Comités y los Consejos Ciudadanos de los pueblos estén armados por funcionarios públicos y exista compra de votos quita legitimidad a estos órganos ciudadanos y trastoca la esencia de la representación política, pues se corre el riesgo de que los ganadores de los comicios no sirvan a los intereses de quienes los votaron, sino de quienes los colocaron en el puesto.
Cabe recordar que a la par de la elección de Comités Ciudadanos y Consejo de los Pueblos, también se lleva a cabo la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017, en la cual se decide la forma en que se utilizará el 3 por ciento del presupuesto de cada delegación. Entre las 16 delegaciones suman un total de 850 millones de pesos cuya distribución debería responder a las necesidades e intereses de la comunidad, también podría estar amenazada por la compra de votos.
