La elección de José Luis Vargas Valdez como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirma la caída de este órgano autónomo bajo el control de la autodenominada “Cuarta Transformación”.
El asalto de este tribunal especial por parte del Poder Ejecutivo se ha dado de manera paulatina, pero el proceso empezó desde antes de que Andrés Manuel López Obrador tomara posesión como presidente de la República.
Durante la etapa de transición, cuando en los hechos ya gobernaba López Obrador, cercanos al presidente electo operaron para que el TEPJF anulara las elecciones de gobernador de Puebla, que había ganado por escaso margen la panista Martha Erika Alonso, esposa del senador Rafael Moreno Valle.
El instrumento para tratar de lograr su objetivo fue precisamente el magistrado José Luis Vargas, quien el 2 de diciembre del 2018 –un día después de la toma de posesión de López Obrador– hizo público su proyecto de sentencia en la que proponía la anulación de las elecciones de Puebla.
Pero el proyecto enfrentó la oposición de cuatro de los siete magistrados, entre ellos la entonces presidenta del TEPJF, Janine Otálora, quien aportó su voto de calidad para que el proyecto fuera rechazado en el pleno y se confirmara así el triunfo de Martha Erika Alonso.
El presidente de la República no le perdonó esa afrenta a Janine y, con José Luis Vargas nuevamente como instrumento, presionó de manera pública y privada a la presidenta del Tribunal, hasta que la orilló a renunciar al cargo, lo que ocurrió el 23 de enero del 2019.
En su carta de renuncia, Janine Otálora hizo alusión a las presiones de que fue objeto al decir: “la reciente crisis en la que se ha visto inmersa la Sala Superior del Tribunal se inscribe en la tensión a la que este órgano se ve sometido al resolver conflictos políticos entre los diversos actores”.
La renuncia de Janine, provocada por el enojo del presidente de la República ante una decisión que el Tribunal tomó en uso de sus facultades, representó un golpe a la democracia. Pero el sexenio de López Obrador apenas empezaba y, salvo honrosas excepciones, los medios fueron acríticos y solo registraron el hecho.
Como presidente sustituto fue nombrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, uno de los tres magistrados que sí se habían alineado con el obradorismo y que habían respaldado con su voto el proyecto de anular las elecciones de Puebla.
Pasó el tiempo y, el pasado 13 de octubre, el magistrado José Luis Vargas volvió a generar ruido mediático al ser el autor del proyecto por el que proponía confirmar la negativa del INE a otorgar el registro como partido político a México Libre, proyecto de Felipe Calderón, uno de los personajes que más aborrece López Obrador.
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El proyecto fue aprobado dos días más tarde por el pleno de la Sala Superior con una apretada mayoría de cuatro contra tres. Entre los que votaron a favor estaba el presidente sustituto del Tribunal, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, y entre quienes votaron en contra estaba Janine Otálora, la presidenta depuesta.
El pasado martes, José Luis Vargas Valdez fue electo presidente por esa misma apretada mayoría de cuatro contra tres. Los cuatro que lo apoyaron son los mismos que en los últimos meses han votado en bloque a favor de los proyectos que benefician a Morena o sus partidos satélites.
La elección de Vargas no augura nada bueno, pues bajo su conducción, el TEPJF deberá resolver las controversias derivadas de las elecciones del próximo año, cuando estará en juego la continuidad de Morena como primera fuerza política en el Congreso de la Unión y se renovarán 15 gubernaturas.
El Poder Judicial vive malos tiempos. Hace unas semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación renunció a su independencia al avalar una consulta popular absurda promovida por el presidente de la República. Y a partir del pasado martes, el máximo tribunal electoral del país confirmó que está a las órdenes del Ejecutivo.
OFF THE RECORD
**EL OSO DE LA FGR
Hace varias semanas dijimos en este espacio que el ex director general de Pemex, Emilio Lozoya, tendría facilidades de la Fiscalía General de la República para dedicarse a hacer un embarradero home office.
Dijimos también que sus señalamientos difícilmente podrían convertirse en acciones de tipo penal.
Teníamos razón. El oso que ha hecho la FGR con la persecución de Luis Videgaray lo confirma.
**¿PRESIDENTE LEGÍTIMO?
Si Donald Trump insiste en seguir la guía de pataleo creada por el ideólogo de la victimización, Andrés Manuel López Obrador, no le quedará otra que autoproclamarse “presidente legítimo de Estados Unidos”.
¿Y qué tal si instala un plantón sobre la Avenida Pensilvania de Washington DC?
Eso también viene en el manual.
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