Durante su maratónica sesión del pasado miércoles, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que el crimen organizado intervino en las elecciones de Michoacán para inclinar el voto a favor de Morena, pero aún así validó el triunfo del candidato a gobernador de este partido, Alfredo Ramírez Bedolla.
Con esta resolución, el TEPJF se sumó a otras instituciones del Estado que no vieron la intromisión del crimen organizado en el reciente proceso electoral. Y si la vieron, voltearon hacia otra parte.
Varios medios de comunicación han publicado diversos testimonios sobre la forma en que el narco intervino antes y durante la jornada electoral del pasado 6 de junio para favorecer a Morena en los estados del Pacífico en donde hubo comicios.
Los dos casos más graves fueron los de Sinaloa y Michoacán, en donde el crimen organizado se hizo presente un día antes y durante la jornada electoral del pasado 6 de junio sin que hubiera autoridad alguna que lo impidiera.
En Michoacán, el PRD denunció durante la sesión del Consejo Estatal Electoral, en plena jornada electoral del 6 de junio, que en diversos municipios de Tierra Caliente grupos armados intimidaban a los votantes, rellenaban urnas a favor de Morena e impedían el acceso a las casillas a los representantes de la oposición.
Eran denuncias sobre hechos que estaban ocurriendo en tiempo real, pero el órgano electoral no le dio importancia al asunto y no hizo nada para evitar que se atentara contra el derecho a votar y ser votado mediante el uso de las armas.
Días después, el PRD presentó una denuncia penal con testimonios y datos precisos sobre las casillas en donde se presentaron acciones de grupos armados que afectaron la jornada electoral, pero la Fiscalía de Justicia de Michoacán decidió no investigar.
Luego, el PRD, el PAN y el PRI, que compitieron coaligados, llevaron la denuncia a la Fiscalía General de la República, en donde también fueron bateados. Seguramente el fiscal Alejandro Gertz Manero estaba muy ocupado preparando la persecución de científicos que emprendería en un futuro cercano.
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El caso llegó como a la última instancia, que es el TEPJF. Era la última esperanza de que una institución del Estado valorara el impacto que tuvo en la jornada electoral la intromisión abierta del crimen organizado para favorecer a un partido político.
Y el TEPJF se convirtió en la primera y única institución del Estado que reconoció –lo dice en su resolución– la intromisión del crimen organizado, pero minimizó el hecho y lo despojó de gravedad al decir que este fenómeno solo se presentó en cuatro municipios.
Con esta postura pusilánime, el TEPJF confirmó que el crimen organizado tiene permiso para intervenir en los procesos electorales de México e inclinar el resultado hacia el partido de su preferencia sin ningún problema.
Que a nadie le extrañe que el crimen organizado se vuelva a hacer presente en la renovación de seis gubernaturas que tendrá lugar el próximo año, en la de otras dos en 2023 y sobre todo en la sucesión presidencial del 2024, en la que intervendrá descaradamente, como lo hizo en este 2021.
OFF THE RECORD
**AMORES PERROS
Vaya pleito que se traen el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.
Ambas figuras de la “4-T” están entrampados en una maraña de intereses que los mantiene permanentemente confrontados.
**MORELOS NO ES MORELIA
¿Por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió conmemorar el 256 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón en el estado de Morelos y no en la ciudad de Morelia, en donde nació?
Porque si lo hacía en Morelia tendría que salir en la foto con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, a quien hace días dejó sentado afuera de Palacio Nacional.
Total, Aureoles ya se va y no protestará, habrá pensado el presidente.
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