De acuerdo al informe de Violencia Política en México de la consultora Etellekt, durante el pasado proceso electoral ocurrieron al menos 850 agresiones y 175 asesinatos en contra de políticos.
Y por si fuera poco, los altos niveles de violencia han persistido en el periodo de transición hacia el próximo Gobierno. Y es que ahora, funcionarios electos han recibido amenazas de muerte o han sido víctimas de intentos de asesinato.
El pasado 2 de septiembre, la dirigencia del PRD en Guerrero, reportó la desaparición del alcalde electo de Cochoapa el Grande, Daniel Esteban González y su chofer Juventino García Rojas, que sucedió tras una reunión con varios políticos de la entidad, y de acuerdo a su esposa había recibido con antelación llamadas en las que lo amenazaban de muerte después de reclamar su triunfo en las pasadas elecciones, impugnado por la candidata priista Hermelinda Rivera Francisco.
Asimismo, el doctor Blas Godínez, alcalde electo de Gómez Farías, fue baleado este sábado 8 de septiembre fuera de su consultorio, resultando gravemente herido lo transportaron a emergencias para recibir atención médica.
Cabe recordar que durante el pasado proceso electoral, la magistrada del Tribunal Electoral, Janine Otálora, aseguró que la violencia política era un intento del crimen organizado para evitar que ciertos candidatos llegaran a la boleta.
Ahora que los ataques son en contra de funcionarios electos, vale la pena preguntar: ¿Será que el narco quiere evitar que lleguen a ejercer sus cargos?
