El jueves 1 de octubre del año 2020 pasará a la historia como el día en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación buscaba la forma de doblegarse ante la voluntad del Presidente de la República. Y la encontró.
En los hechos, lo que el pleno de la SCJN hizo ayer por apretada mayoría fue modificar una solicitud de consulta planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para convertir en constitucional algo que no lo era. Y lograr, así, que el próximo año se realice una consulta.
Lo que la Corte debió hacer fue simplemente rechazar la solicitud enviada por el presidente debido al gran “concierto de inconstitucionalidades” que contenía, como lo proponía el ministro Luis María Aguilar Morales, y dar el asunto como definitivamente concluido.
Pero López Obrador necesitaba que el próximo año hubiera una consulta a como diera lugar, porque es la gran bandera política que usará su partido en pleno proceso electoral.
Y aquí fue en donde se torció el principio de la división de poderes que rige todo sistema democrático. El presidente de la SCJN, Arturo Saldívar Lalo de Larrea, operó de tal forma que se cumpliera el deseo del presidente de la República, aunque eso implicara modificar todo el sentido de la solicitud de consulta original.
López Obrador pedía que durante la consulta se hiciera la siguiente pregunta:
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investigue y en su caso sancione la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
Esta pregunta fue borrada por la Corte y en su lugar estableció la que sigue:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
La nueva pregunta, que se sacó de la manga el presidente de la SCJN ya no menciona específicamente a los ex presidentes, sino a los “actores políticos”, lo que incluye a ex gobernadores, ex presidentes municipales, ex diputados, ex senadores, y un largo etcétera. Incluso el presidente de la República en funciones entra en esta categoría, como ex jefe de Gobierno de la capital.
La nueva pregunta es tan absurda como la primera, pues se ha dicho hasta el cansancio que para investigar y/o juzgar a cualquier ex servidor público que hubiera cometido delitos no es necesario consultar a la población. Basta con aplicar la ley.
Pero como lo señalamos líneas arriba, se trataba de que hubiera una consulta a como diera lugar, por muy absurda que fuera, para que el presidente de la República y su partido la usen como bandera política.
Gracias a la “obediencia ciega” de una mayoría de ministros de la Corte, el próximo año se tendrán que destinar recursos públicos para la realización de esta consulta popular innecesaria.
Independientemente de que gane el Sí o el No, la consulta autorizada ayer por la Corte no provocará perjuicio jurídico a nadie, por lo ambiguo de la pregunta. Pero los efectos políticos sí podrían ser importantes por el uso que el presidente y su partido le darán durante todo el proceso electoral.
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El primer actor en pagar un costo político por la decisión de ayer fue la SCJN, la cual cargará con el estigma de haberse dejado doblegar por el jefe del Poder Ejecutivo.
El asunto es delicado porque pone entredicho la autonomía que el Poder Judicial de la Federación había ganado desde la reforma judicial de 1995, cuando se modificó la forma de elección de los ministros y se creó el Consejo de la Judicatura.
Es importante aclarar que no todos los ministros son responsables del gran oso que hizo ayer la Corte.
La validez constitucional de la consulta fue aprobada por seis votos contra cinco. Entre quienes la validaron están el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar; los ministros promovidos por López Obrador, Yasmín Esquivel Mosso, Margarita Ríos Fajat y Juan Luis González Alcántara, así como los ministros Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Se salvaron de la quemazón de ayer los ministros que votaron en contra de validar constitucionalmente la consulta original: Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek, Fernando Franco González, Norma Lucía Piña Hernández y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
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