Por años, durante el largo proceso de construcción de la democracia mexicana, “la transparencia” del poder público fue una de las exigencias centrales de ciudadanos, partidos y políticos de la llamada izquierda.
El reclamo fue tal que, en el gobierno de Vicente Fox se construyó el Instituto de Transparencia, órgano autónomo del poder público, al que debía vigilar, y que se sumó a otras instituciones como el INE y la CNDH, creadas como verdaderos contrapesos del otrora descomunal poder presidencial.
Se trata, como se dijo, de instituciones cuya labor central es contener los excesos del poder público, en general, y del presidencialismo, en particular.
Son instituciones destinadas a evitar el dispendio y la opacidad; dar total certeza de elecciones confiables –como la que hizo presidente a López Obrador–, y sobre todo, garantizar la defensa de los derechos humanos.
Sin embargo, y cuando muchos suponían que los contrapesos al poder presidencial ya eran instituciones sólidas, llegó un presidente dispuesto a “mandar al diablo” esas y otras instituciones, porque cree que estorban su ambición de poder absoluto.
Y entonces, ese presidente –llamado Andrés y de apellido López–, no sólo ignora instituciones como el INE, el INAI y la CNDH –entre otros–, sino que amenaza a sus integrantes y les advierte –palabras más, palabras menos–, que el nuevo mandatario mexicano es intocable, impermeable a la rendición de cuentas, la transparencia, la cultura democrática y que, en la práctica, le “valen madre” los derechos humanos.
Sí, que nadie se atreva a cuestionar a López Obrador, a exigir que explique los negocios turbios de sus colaboradores, los acuerdos “bajo cuerda” de su canciller y el uso del dinero público para la propaganda oficial porque, entonces, el intocable presidente mexicano monta en cólera, amenaza, difama, sataniza y calumnia.
Y si dudan, el presidente lo probó en “la mañanera” del viernes último.
Primero, los “paleros de palacio” –bufones más que periodistas–, le preguntaron al presidente sobre el requerimiento del INE para explicar el uso de programas sociales a favor de la propaganda de su gobierno, lo cual es inconstitucional.
Socarrón, montado en su típica arrogancia mesiánica, Obrador respondió con un feo “descontón” a los consejeros del INE, los mismos que garantizaron la legalidad electoral que lo hizo presidente.
Así les dijo: “lo único que les voy a decir es que vámonos respetando, que no somos iguales, que no se confundan, eso sí calienta”.
Más allá del lenguaje de fajador de barrio –“¡eso sí calienta!”–, el centro de preocupación es el fondo del mensaje presidencial.
¿Qué debemos entender con una expresión como: “¡vámonos respetando, que no somos iguales!”?
¿Acaso el presidente Obrador cree que el cargo de presidente lo coloca por encima de la ley y de otras instituciones, como el INE?
¿Será que por vivir en Palacio Nacional el presidente López ya se cree un monarca y cree que el resto de las instituciones son subordinadas?
Lo que no sabe López Obrador, lo que olvida o ignora, es que ante la ley –y en tanto servidor público–, es igual que cualquier otro servidor público.
Es decir, que como todo empleado del Estado debe respetar las leyes que emanan de la Constitución, mismas que Obrador juró respetar y hacer respetar cuando protestó como presidente ante el Congreso.
Más aún, en la toma de posesión, el propio presidente pidió que si no respeta la Constitución y sus leyes, “¡que la Nación me lo demande!”.
Y lo que no sabe o no quiere entender el presidente mexicano es que, casualmente, cuando el INE lo llama a rendir cuentas –igual que en su momento llamó a Calderón y a Peña Nieto–, es la Nación –las leyes–, las que le exigen al presidente que rinda cuentas.
Las mismas cuentas que debe rendir el presidente López a la Nación, por los acuerdos secretos que pactó el gobierno mexicano con el gobierno de Donald Trump, a espaldas de los mexicanos.
Y es que ese es otro ejemplo de la impunidad presidencial y de que Obrador se cree intocable. Y es que ante la declaración de Trump, de que Estados Unidos “usa a México” como muro fronterizo contra los migrantes, el presidente mexicano volvió a exhibir su impunidad.
Se niega a transparentar los acuerdos secretos con Trump y dice que su conciencia “está tranquila” y que, por eso, debemos creer en su palabra. Olvida, de nuevo, que el ejercicio del poder y la aplicación de la justicia no son actos de fe, sino responsabilidades legales.
Si quiere ser un presidente respetado y respetuoso de la Constitución y sus leyes, López debe acudir al llamado del INE; debe revelar los acuerdos secretos con Trump y está obligado a despedir a Manuel Bartlett.
Claro, a menos que quiera que la historia lo coloque en el lugar de los “presidentes fantoches”.
Al tiempo.
