Si bien el cambio de gobierno junto con su líder, Andrés Manuel López Obrador, prometieron que los privilegios y los altos sueldos serían cosa del pasado, es visible que no fueron estudiadas las consecuencias de los diferentes recortes a lo largo de instituciones federales.
Uno de los órganos más afectados fue el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual vio reducido su presupuesto hasta 950 millones de pesos menos de lo que tenían previsto. Sin embargo, no concuerda con el promedio de gasto público solicitado para este 2019, pues este incrementó un 5.6% en comparación a 2018.
Cabe resaltar que esta reducción de presupuesto no cuenta con argumentos sólidos que sustenten esta decisión, según la visión de las finanzas públicas, por lo que podría afectar de manera significativa la operación y las atribuciones del Instituto.
De los 950 millones de pesos que solicitaba, el INE solo obtuvo 619 millones, que serán utilizados en su mayoría para las próximas elecciones en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas que, por obvias razones, no es posible cancelar.
La distribución gratuita de la credencial para votar también se vería comprometida, pues anualmente el INE destina al menos 15 millones de pesos para este fin, actividad que tampoco puede ser cancelada por ningún motivo.
Es por ello que, ante el inminente problema que se avecina, la institución no busca generar un problema más grande, pues pretende que con el diálogo y el derecho, el gobierno de Obrador analice las deficiencias que podría generar y, así, recapacitar sobre la distribución de los recursos.
