Aquí lo dije desde el arranque del gobierno de López Obrador.
Dije que uno de los objetivos estratégicos del presidente era la captura del INE, como condición para imponer su Maximato en la elección del 2024.
También dije que, de la misma forma que atrapó a la CNDH hasta dejarla inservible, el señor López atraparía al INE, para dejarlo obsoleto frente al proceso de calificación de la elección presidencial.
Hoy queda claro que, en efecto, tanto el INE, como la CNDH –entre otras instituciones del Estado mexicano–, no solo han sido capturadas por el propio presidente, sino que se han sumado a los instrumentos oficiales para perseguir y censurar a los críticos del dictador de Palacio.
Y es que los ciudadanos no sólo hemos perdido al Instituto Nacional Electoral, sino que el llamado “árbitro electoral” se ha convertido en uno más de los brazos represores y censores de los críticos del gobierno mexicano.
Y el mejor ejemplo lo denunció el periodista Joaquín López-Dóriga, el pasado lunes 29 de enero del 2023, en su informativo de Radio Fórmula, al revelar que el INE le hizo llegar un citatorio para que informara sobre una supuesta denuncia de que él y/o la frecuencia radial, habrían cobrado por una entrevista a la candidata opositora Xóchitl Gálvez.
Sí, así como lo escuchan; ante la menor ocurrencia de quién sabe quién y sin ofrecer prueba alguna, el INE se convierte en censor del trabajo periodístico y, en los hechos, asume el papel del “Santo Oficio”, lo que confirma que los ciudadanos hemos perdido al Instituto y que ha sido atrapado por los intereses de Palacio.
Y es que hoy, entre las tareas del INE, ya no está vigilar la legalidad de las elecciones, del financiamiento de los candidatos a puestos de elección popular, sus gastos y el desempeño legal de los partidos políticos.
No, el INE se ha convertido en vigilante oficial y oficioso de medios, para censurar, perseguir, amedrentar y sancionar a quienes hacen periodismo a través de los distintos géneros y mediante las diversas empresas mediáticas.
Así lo denunció López-Dóriga: “Me notificaron el viernes a las 2:30 de la tarde para presentarme el sábado…”, señaló el periodista quien, enseguida dio lectura en tono sarcástico a los absurdos incisos contenidos en la notificación oficial del INE.
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Absurdos como exigir que demostrara que él es el periodista requerido; documentar la existencia del noticiero que encabeza, presentar las facturas de cobro por la entrevista o probar que no cobro, entre otras tonterías.
Por eso, Joaquín explicó que no acudiría al citatorio, ya que “yo no tengo que probar nada, tiene que probar el que acusa. Voy a ignorar totalmente este requerimiento. No voy a estar ocupando mi vida profesional para contestar tonterías”, dijo tajante frente a las cámaras de Tele-Fórmula, antes de romper los documentos y depositarlos en la basura.
Pero tampoco se trata del primer caso en donde el INE se convierte en un verdadero censor. Aquí denuncie que a finales del 2022, el propio INE buscó a Ricardo Alemán en distintos domicilios, para entregar un un citatorio similar, en donde el Instituto especulaba que el ejercicio del género periodístico de crítica, violentaba quién sabe qué derechos de quién sabe qué políticos criticados en este espacio.
Y es que en el INE ignoran los principios esenciales de los géneros periodísticos de noticia, entrevista, crítica, crónica y ensayo.
Pero tampoco entienden que la libertad de expresión y el derecho a la información, no sólo son derechos fundamentales de cada ciudadano, sino que significan el reconocimiento y garantía de una institución política fundamental, que es la opinión pública libre, indisolublemente ligada con el pluralismo político que, al mismo tiempo, es un valor fundamental y un requisito del Estado democrático.
De esa manera, cuando el INE retoma el papel de la “Santa Inquisición”, confirma que fue atrapado por el poder presidencial, que está al servicio de Palacio, que no es el instrumento que define la Constitución para garantizar elecciones confiables y, en suma, que toda su estructura se ha convertido es otro palero al servicio de López y de su candidata presidencial.
En pocas palabras, queda claro que los ciudadanos perdimos al INE y que el presidente convirtió al otrora reputado “árbitro electoral”, en vulgar perseguidor de los periodistas críticos de su gobierno.
Y por eso volvemos a preguntar: ¿Alguien sensato cree que la elección de junio del 2024 será legal, legítima, confiable, equitativa y el resultado sería legítimo y creíble?
No, lo cierto es que desde Palacio preparan todo para robarse la elección; para imponer una elección de Estado.
Al tiempo.
