A estas alturas ya no es sorpresa que la Cámara de Diputados de Brasil aprobó iniciar un juicio político en contra de la presidenta Dilma Rousseff.
Tampoco es novedad que el siguiente paso lo dará el Senado carioca, quien deberá avalar el impeachment de Dilma con una mayoría simple.
Y mucho menos es nuevo que, de seguir como hasta ahora, Dilma saldrá del gobierno brasileño en medio del escándalo y antes que concluya su periodo oficial.
Lo curioso, sin embargo, es que la señora Rousseff asegura que es víctima de un golpe de Estado.
Pero –dicen los enterados–, que la realidad es muy distinta.
En entrevista para La Otra Opinión, el Doctor Mario Torrico –investigador de Flacso– hizo un llamado a tener cuidado con el uso de las palabras. Y es que, si el proceso contra Dilma está avalado por las leyes brasileñas y aparece en su constitución, entonces no puede verse como un golpe de Estado.
Cierto, todo indica que atrás del juicio político contra Rousseff existe una intención política . No obstante, eso no justifica que se le llame un golpe de Estado pues el proceso está avalado por las instituciones de aquel país.
En realidad, continuó Torrico, todo indica que Dilma tiene razón. La presidenta, en respuesta a la decisión de los legisladores aseguró que la ofensiva en su contra era la prueba de que la joven democracia brasileña todavía es débil e imperfecta.
Por eso, más allá de un golpe de Estado, más allá de una reacción al mal carácter de Dilma y más allá de una conspiración en contra de Rousseff, Torrico sostiene que Dilma enfrenta las consecuencias de una democracia débil que no ha sabido hacer frente a una crisis política, económica y social que, eventualmente, podría costar el cargo a la señora Rousseff.
