Gabriel García Hernández se fue de la Coordinación general de Programas para el Desarrollo del gobierno federal, pero dejó como herencia un cochinero que incluye desvío de recursos, irregularidades administrativas y el uso de los llamados “Servidores de la Nación” o “Siervos de la Nación” como un ejército de operación electoral.
Durante la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al 2019, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades y opacidad en el manejo de tres mil 40 millones 583 mil 962 pesos en ese programa durante el primer año del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El rubro específico en donde se detectaron las irregularidades es el de “Contratación de personal mediante el esquema Servidores de la Nación”, lo que revela dos cosas: una, que el gobierno gastó más de tres mil millones de pesos para contratar activistas electorales, y dos, que se hizo de manera irregular.
Durante el 2020, la oficina a la que el pasado jueves renunció Gabriel García ejerció otros tres mil 233 millones de pesos para pagar la nómina de los “Servidores de la Nación”, cuya figura no existe ni en la normatividad ni en los manuales de remuneraciones de los servidores públicos.
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Se calcula que hay aproximadamente 25 mil jóvenes habilitados como “Servidores de la Nación”, los cuales están contratados con sueldos que van de los ocho mil a los 15 mil pesos mensuales, por honorarios, sin seguridad social y sin prestaciones laborales.
Pero el asunto no para ahí. La ASF detectó también irregularidades técnicas y financieras graves en el proceso de conformación de un Padrón Único de Bienestar, tarea que le fue encomendada en la parte técnica a la empresa paraestatal Infotec, la cual presentaba problemas financieros.
Dicha empresa se fue a la quiebra sin cumplir con el contrato celebrado con la Secretaría del Bienestar, que era el diseño y la operación de la base de datos, mismos que eran recopilados manualmente por las brigadas de los “servidores de la Nación”.
La empresa también tenía la encomienda de habilitar un core bancario y una aplicación para la operación de las Tarjetas del Bienestar, lo cual nunca funcionó.
Los primeros “Servidores de la Nación” fueron contratados desde la etapa de transición y desde entonces empezaron a recopilar datos para la creación del Padrón Único del bienestar, lo que representa una irregularidad, pues el gobierno de AMLO aún no estaba en funciones.
Ahora, a dos años y medio de iniciado el gobierno, esta estructura sigue en el limbo. No están contemplados en ninguna ley ni reglamento. Solo existe una autorización de la Secretaría de Hacienda para que la Secretaría del Bienestar contrate personal por honorarios, aunque sus contratados estén bajo la coordinación de una oficina ajena a esa Secretaría.
Ahora, de acuerdo con lo anunciado este viernes por López Obrador, los “Servidores de la Nación” seguirán siendo contratados por la Secretaría del Bienestar, pero estarán supeditados a la Presidencia de la República, a través de la Secretaría Técnica de ésta. Todo un galimatías jurídico y administrativo.
