Documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), revelados por el grupo de hacktivistas denominado como “Guacamaya”, señalan que exgobernadores, un diputado federal y un senador, ambos en funciones; dos fiscales, ambos en turno; policías y elementos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) forman parte de una red de protección del Cártel de Sinaloa en Durango.
En distintos correos se incluyen los nombres de funcionarios de los tres niveles de gobierno que ayudaron a Archivaldo Guzmán Salazar, “El Chapito”, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”; Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, hermano de Joaquín; Ismael Zambada García, “El Mayo”; así como a Rafael Caro Quintero, “El Narco de Narcos” o “R-1”, en sus actividades delictivas.
De acuerdo con uno de los documentos (de 60 páginas), fechado en marzo de 2018, entre las personas que cobijaron al Cártel de Sinaloa o Cártel del Pacífico –uno de los principales generadores de violencia en el país– se encuentran dos exgobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Uno de ellos es actualmente diputado federal.
El primero de ellos, incluido en el apartado “Vínculos con funcionarios en el estado de Durango”, es Jorge Herrera Caldera, ex gobernador de Durango (2010–2016), quien en diferentes ocasiones negó relaciones con el cártel.
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Un segundo ex mandatario, identificado por el Ejército con vínculos con el cártel, es Ismael Hernández Deras, quien gobernó del 15 de septiembre de 2004 al 14 de septiembre de 2010.
Además de ser gobernador de esa entidad, también fue presidente municipal de Durango (1998-2001) y actualmente tiene una curul en el Congreso de la Unión, representando al partido tricolor.
Ismael Hernández Deras pertenece a distintas comisiones (como secretario e integrante), entre ellas, la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, la de Presupuesto y Cuenta Pública, así como a las de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria y Ganadería.
La lista de funcionarios identificados por la Sedena como supuestos protectores del Cártel de Sinaloa también incluyen a José Ramón Enríquez Herrera, ex presidente municipal de la capital de Durango, actual senador por Sinaloa por Morena y ex aspirante a la gubernatura de esa entidad.
Lista incluye a funcionarios de seguridad
María Cecilia Soto Mendoza, ex directora de Seguridad Pública en la capital de Durango durante la administración municipal de José Ramón Enríquez Herrera, es otra de las personas identificadas por la Sedena de dar protección al cártel.
Noel Díaz Rodríguez, exsecretario de Seguridad Pública de Durango, durante la administración de Jorge Herrera Caldera y actual fiscal Anticorrupción de Durango, también se incluye en las fichas.
Luis Armando Gallegos Sotos, ex coordinador Operativo de las Dirección de Estatal de Investigación (DEI); Sonia Yadira de la Garza Fragoso, actual fiscal de Durango, así como María Eugenia Medina Miyazaki, ex diputada local del PRI y hermana de Joel Medina Miyazaki, “Joelin”, trabajador de Aureliano Guzmán, “El Guano”, también es identificada por la Sedena como protectora de la organización criminal.
Otras personas mencionadas en los reportes son: el Teniente Coronel, Ignacio Juárez Rojas, así como Alfonso Beltrán Jiménez, ambos ex secretarios de Seguridad Pública de Durango (asesinados). Los policías municipales Francisco Javier Aldañez Bórquez, Jesús Manuel Bustamante Beltrán y Héctor Manuel Osuna Juárez.
Ministerios también dieron protección al Cártel de Sinaloa
Los reportes detallan la participación de ministerios públicos en favor del Cártel de Sinaloa, según información detectada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).
“Personal de la S.E.I.D.O, ha detectado indicios de involucramiento de funcionarios de la delegación de la P.G.R. Regresan la droga asegurada por el personal militar a los delincuentes, simulando su destrucción con otras sustancias similares”, se lee en los informes.
Los reportes detallan la filtración de información en favor de los abogados de las personas detenidas para liberar a las personas detenidas por distintos delitos.
Con información de La Silla Rota
MSA
