Todo parece indicar que la Cámara de Diputados presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional para impugnar el acuerdo que aprobó el Congreso de Tamaulipas que blinda al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien enfrenta un proceso de desafuero.
El proyecto de la demanda señala, que el acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado 3 de marzo, viola los artículos 14, 35, 41, 49, 111, 116 y 133 de la Constitución, porque vulnera la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para declarar la procedencia penal contra servidores públicos.
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Ante esta situación, la Cámara Baja señaló que dichas facultades se encuentran establecidas en la fracción V del artículo 74 de la Constitución.
“Como podemos observar la facultad de declaración de procedencia se instituyó para conocer y resolver sobre la acusación que realice cualquier ciudadano o los requerimientos del Ministerio Público, mediante la presentación de elementos de prueba en contra de diversos servidores públicos, por su probable responsabilidad penal”, especificaron los diputados.
Además, el documento detalla que el numeral 111 específica que se puede aplicar el proceso de desafuero a gobernadores, diputados federales y senadores, ministros, magistrados, consejeros de la Judicatura Federal, secretarios de despacho, el Fiscal General de la República y los consejeros electorales.
Sin embargo, solo en los casos referidos la declaración de procedencia será para efecto de que se comunique a los Congresos locales, para que con base en sus atribuciones procedan como corresponda.
¿Qué pasa si procede el desafuero?
En caso de que la Cámara de Diputados declarara por mayoría absoluta el proceso de desafuero, Cabeza de Vaca quedaría a disposición de las autoridades competentes, es decir, la Fiscalía General de la República (FGR).
Esta acción en San Lázaro, es una respuesta a lo que el 2 de marzo aprobó el Congreso de Tamaulipas de mayoría panista, pues impulsaron nuevas reglas en materia de procedencia de desafuero, con ello el Poder Legislativo local tiene la última palabra en el proceso que actualmente enfrenta el gobernador.
Un nuevo capítulo se abre en el caso contra Francisco García Cabeza de Vaca, que a la postre deberá resolver la SCJN, mientras que en San Lázaro el proceso de desafuero continúa.
Con información de Reforma
JZ
