Aún no ha comenzado el cambio de administración y varios, por no decir muchísimos, de los servidores públicos han comenzado a abandonar sus puestos. Uno de los mejores ejemplos se encuentra en el Senado de la República ya que fueron despedidos 2 mil 40 trabajadores tanto de honorarios, operativos y temporales; ante estas bajas, se destinaron alrededor de 368 millones de pesos en liquidaciones.
El nombre que más resalta en ese personal es el del secretario general de Servicios Parlamentarios del Senado, Arturo Garita Alonso, quien tiene 20 años dentro del Poder Legislativo.
El motivo principal se debe a que muchos de los funcionarios no están de acuerdo en la reducción de su salario, tal como lo plantea la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en donde se dictamina que nadie debe obtener más de los 108 mil pesos que ganará el presidente electo.
A esta cifra se podrían agregar 120 empleados más con, cifra que se sumará a los 2 mil 40 ya despedidos. Se dice que entre los despidos se encuentra el secretario general de Servicios Administrativos, Roberto Figueroa Martínez.
Sin embargo, al retirarse gran parte del personal más capacitado, queda la duda de quiénes serán los relevistas y cómo harán para revertir la imagen que tiene el pueblo de que sus funcionarios no saben elaborar leyes.
