Deshonestidad y deuda

Especial
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La deshonestidad del Presidente no está a discusión. Su capacidad de mentir es abrumadora: incluso teniendo evidencia contundente frente a él, insiste en inventar “otros datos”. El “informe” del martes no es diferente a las mañaneras, en las que abundan inexactitudes, cuando tenemos suerte, o francas mentiras, que es lo más frecuente.

Ahora ya también está demostrado, con la misma contundencia que él había esgrimido en contra de sus antecesores, que tampoco es honrado. Cualquiera lo sabía, desde los tiempos de Bejarano o Ímaz, y pudo haberlo recordado cuando el fideicomiso para las víctimas del terremoto organizado por su partido simplemente desapareció. Pero como no prestan atención a eso, ahora están los videos de su hermano.

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Si el Presidente miente tanto, es necesario que la sociedad haga esfuerzos adicionales por entender lo que está ocurriendo, y que tratemos de defendernos de un proceso de deterioro francamente peligroso. En esa lógica, el lunes y martes hablamos de las finanzas públicas (en las que nunca existieron los 560 mil millones de ahorro a los que se refirió en su informe), y ayer alertamos sobre la quiebra de Pemex, cada vez más cercana, que el Presidente tampoco quiere ver.

Hoy, como conclusión al análisis de los tres días pasados, permítame referirme a la deuda del gobierno, otro punto en el que el Presidente ha mentido hasta cansarse. Cuando llegó este gobierno, la deuda del gobierno, en su definición más amplia (requerimientos financieros del sector público) ascendía a 10.5 billones de pesos, equivalentes a 45% del PIB. Los gobiernos locales tenían una deuda adicional de 590 mil millones, y Pemex tenía pasivos por 2.5 billones (sin contar el pasivo laboral).

Al segundo trimestre de 2020, los requerimientos se habían incrementado a 12 billones de pesos, y los pasivos de Pemex a 2.9 billones. Es decir, la deuda del gobierno mexicano, incluyendo a Pemex, se incrementó en 2 billones de pesos en los primeros 18 meses de la gestión de López Obrador. Así que la deuda sí ha crecido, y lo ha hecho en 14%. En comparación con el PIB, pasamos de 58 a 68%.

Por las cuentas que revisamos el lunes y martes, sabemos que al cierre de este año esa deuda se habrá incrementado. La estimación de esta columna es que iniciaremos 2021 con una deuda de 71% del PIB, la más grande en muchas décadas.

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Ahora bien, este incremento de deuda es un problema muy serio porque el grado de inversión que nos habían otorgado las calificadoras no podrá sostenerse. Hace unos meses, el experto de S&P para América Latina había comentado que rebajarían la calificación del país (no dijo si al nivel de quitar el grado de inversión) en caso de que la deuda en la acepción amplia, incluyendo gobiernos locales y Pemex, superara claramente 60% del PIB. Como hemos visto, estamos ya en 68%. No conozco los criterios de las otras calificadoras, pero deben ser parecidos.

Lo que tratan de identificar estas agencias es cuándo un gobierno tendrá dificultades para cubrir sus obligaciones y creo que estamos ya en ese punto. Este año los ingresos del gobierno estarán en 5.5 billones de pesos, cuando mucho, frente a los más de 6 billones que esperaban tener. No podrá ser diferente ni en 2021 ni en 2022, debido al derrumbe de ingresos petroleros. Sin embargo, los pagos obligados de pensiones, servicio de deuda y participaciones serán de 2.5 billones en este año, 2.75 el próximo, y 3 billones para 2022.

Esto implica reducciones de gasto, comparado con 2018, de -12%, -17%, y -22%. Este año ya no se pudo, y por eso creció la deuda. Puesto que así será en los dos años próximos, el riesgo de México no puede sino crecer. Prepárese.