La Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN) desechó las impugnaciones que presentaron el presidente Andrés Manuel López Obrador y seis gobernadores de Morena con las que pretendían blindar a los funcionarios contra la posible inhabilitación para ser candidatos a cargos de elección popular por haber sido sancionados por infracciones a las leyes electorales.
Se trata de controversias constitucionales que presentaron el Poder Ejecutivo federal y los gobernadores de Tabasco, Guerrero, Michoacán, Veracruz y Colima, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, contra una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la cual establece los criterios para negarle el registro como candidatos a un cargo de elección popular a los servidores públicos que hayan perdido el modo honesto de vivir por violar de forma reiterada la Constitución y las leyes durante los procesos electorales.
La Suprema Corte consideró que las controversias de los morenistas son improcedentes ya que las resoluciones del Tribunal Electoral no son impugnables.
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En ese sentido, argumentó que los gobiernos federal y estatales carecen de interés legítimo para impugnar la resolución, ya que de ninguna manera quedaron vinculados a realizar alguna actuación o abstenerse a ejercer las facultades de iniciar leyes o de vetarlas.
Asimismo, determinó que la sentencia del TEPJF es precisa al señalar que las reglas establecidas subsistirán hasta en tanto se emita la legislación correspondiente, además de que no se impuso a ningún órgano legislativo “el deber de legislar ni un plazo para ello”.
El criterio del TEPJF afecta a 17 gobernadores y a Sheinbaum Pardo, quien busca ser la candidata de Morena a la Presidencia en 2024, porque el TEPJF determinó que incurrieron en “ilícitos constitucionales” y desobediencia durante el proceso de Revocación de Mandato tras difundir propaganda gubernamental y personalizada.
Con información de Proceso y El Heraldo de México
MSA
