Antonio Enrique Tarín y Gerardo Villegas, dos ex funcionarios de la administración de César Duarte, denunciaron haber sido presionados para declarar “aún cuando no sean ciertos los hechos”, que se imputan al ex gobernador y el ex dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones.
En la demanda que ambos presentaron a la PGR, aseguran que las amenazas son bajo el consentimiento del mandatario local, Javier Corral.
Y es que en su denuncia, Tarín García y Villegas Madriles señalan que para que no se les formulen nuevas acusaciones, el abogado Carlos Emmanuel Aguirre les ha exigido la entrega de 30 y 60 millones de pesos, respectivamente, que serían repartidos entre Maclovio Murillo, asesor jurídico del gobierno de Chihuahua; César Augusto Peniche, fiscal general del estado; y nada más y nada menos que Corral Jurado.
Las acusaciones no son menores. Basta con recordar el montaje que el gobernador de Chihuahua gestó a principios de año. Una persecución política –según él, por parte del Gobierno Federal– resultado de la investigación anticorrupción contra el PRI.
Mientras se congratula de tener la mejor fiscalía del país y se da palmadas a sí mismo por el caso –sin resolver– del homicidio de la periodista Miroslava Breach, su “fiscal carnal”, no solamente defiende a dos panistas en calidad de testigos con identidad protegida y sirve como artillero en la guerra contra el tricolor.
Es decir, César Augusto Peniche le hace el trabajo sucio a Corral y ambos, hacen uso político de la justicia.
Mientras los panistas aseguran que no hay tema electorero alguno en sus “denuncias” y “caravanas”, hoy están señalados, tal y como lo dijera José Antonio Meade hace unas semanas, de ser “torturadores”.
