A pesar que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) contrató a las Naciones Unidas para llevar a cabo un proceso de relocalización de familias que viven en el trazo del Tren Maya, activistas y organizaciones denuncian que la dependencia presiona para reubicar a comunidades indígenas y acelerar esta obra.
Hace dos años, esta dependencia firmó un acuerdo con ONU Hábitat para llevar a cabo el proyecto de rehabilitación del corredor urbano del Tren Maya, que incluye “relocalizaciones consensuadas” de familias, una asesoría por la cual pagó cinco millones de dólares (100 millones de pesos).
Sin embargo, este protocolo no se está cumpliendo en comunidades indígenas de Escárcega y Candelaria en Campeche ubicadas en el trazo del Tren Maya.
Así lo denunció Carla Escoffié, activista y abogada especializada en derecho a la vivienda, quien señaló que en realidad Fonatur está realizando un desalojo forzoso, el cual está disfrazado de “reubicación”.
“No estamos viendo nada de consensuado en esto, porque por un lado las autoridades ya decidieron hacer el Tren Maya, ya decidieron que las personas que viven por donde pasará el tren se tienen que ir, ya decidieron las zonas en dónde las van a reubicar y en muchos casos ya decidieron el tipo de casas que les van a dar (…) en muchos casos le han dicho a las personas que el Fonatur les va a dar casas pero ellos tienen que conseguir el terreno (…) ni siquiera se tiene una reparación completa”, declaró durante una entrevista para el portal Diario 24 Horas.
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La abogada señala que las autoridades han planteado un “proceso de reubicación consensuada”, que consiste en cambiar de localización a miles de familias que están en las actuales vías del tren o las que se construirán para el mega proyecto turístico.
De ahí que denuncie que Fonatur y otras autoridades lo que han hecho -con apoyo de ONU Hábitat- es presionar a las personas para que abandonen sus hogares, en particular aquellas por donde pasará el Tren pero que están alejadas de los centros urbanos -con poco acceso con internet u otros medios de comunicación para denunciar los hechos-.
“Porque las autoridades no tienen ningún fundamento legal para hacer salir a las personas de sus casas y menos por un proyecto turístico. No pueden realizar desalojos de manera extrajudicial, no hay juicios en su contra, no hay ningún proceso de expropiación abierto que justifique que los presionen para salir de sus comunidades”, opinó.
Por lo anterior, la abogada subraya que el proceso que se lleva a cabo en el trazo del Tren Mayo es un desalojo forzoso ya que las autoridades han presionado con la amenaza de retirarles apoyos sociales en caso de no querer desalojar o si presentan amparos para proteger sus viviendas, a estas últimas se les ha amenazado de que no les va a tocar ninguna indemnización si protegen sus derechos.
Como es el caso de Candelaria donde alrededor de 30 habitantes han interpuesto amparos contra el proyecto ferroviario.
Con información de Diario 24 Horas
MSA
