Desde Campeche y Puebla llegan a la República intenciones que pretenden controlar la libre expresión de las personas, en su aplicación de diversos dispositivos y medios de difusión. Un intento más para evitar que quienes cometen actos en contra del interés público sean expuestos a la opinión pública.
La relación entre gobernado y gobernante está basada en el escrutinio de las conductas, en donde quienes poseen poder son observados, si se sirven de él para apoyar al gobernado o para que el gobernante se sirva. Esto es, si hay alguna conducta que vicie, lastime o afecte la vida, el patrimonio o el bienestar de los demás o bien, contribuya a su manutención o desarrollo.
Una libertad, con familia de palabras significativas, positivas o negativas: para abrir mundos, construir oportunidades, crear nuevas rutas, espacios o tiempos o callar, cerrar, esconder, mentir o silenciar, robar y borrar.
Son controles que trascienden la cotidianeidad. Que rompen todo liberalismo. Que mantienen un tufo más que autoritario, centralizado y totalitario.
La mayor parte de las veces se considera que el robo, la toma de lo ajeno, o el desvío de recursos públicos para una persona o grupo, son la forma más común de corrupción, y cuando ello es señalado, por quien tiene esa posibilidad, como acoso o violencia política de género, o es considerado como un daño moral y material, en contra de quien comete ese acto, corruptor y delictivo, y que se pretende confundir, al señalar que se atenta contra el bienestar del delincuente y, cuando éste goza de cierto poder, como un búmeran, para acusar a quien lo descubre y denuncia, estamos ante un abuso del derecho, y del poder, en que se usa una fórmula que falsea la verdad y, además, provoca un daño en quien señala esa falta, atentando, primero, contra la libertad de expresión, contra su tranquilidad o su trabajo o sus bienes.
De igual manera, quien roba, pervierte o prostituye los verdaderos fines de una institución y socava la fuerza, o los recursos o bienes de dicha institución, daña inconmensurablemente un esfuerzo generacional, que trasciende el simple robo, para sepultar fines institucionales que socavan el esfuerzo de muchos, que han construido una institución al servicio de la sociedad, así sea con el robo de recursos para mantener servicios públicos o bienes, que atiendan solicitudes de quienes los necesitan, que resuelvan problemas, como medicinas, infraestructuras, comida, combustibles, recursos o pagos para surtir mercancías o, para pagar a otros, por servicios o bienes requeridos, el daño es muy costoso, para el usuario y para la institución, o el gobierno como tal. Se acaba la confianza, el respeto, se avanza a la anarquía.
Y cuando se ejerce la palabra, la voz, la pluma, para señalar el error o el daño, y se comunica en el periodismo o los medios de comunicación o las redes sociales, en pleno ejercicio de la libertad de expresión, y se impide la circulación de ideas, de datos o referencias a hechos que corrompen la vida cotidiana, social o nacional, con sencillas
opiniones, que exponen actos de corrupción, que se pretenden ocultar, nos enfrentamos a un pretexto de control de la libertad de expresión.
Cuando ocurre desde el poder público o de cualquier otra forma, es un deber ciudadano, cívico, el exponerlo públicamente o denunciarlo, con el fin de evitar que se cometa un daño al patrimonio ajeno. O bien que se corrija y castigue si es que el acto se ha realizado. Hasta que se llega a una acción letal, como supresión de la vida, de toda libertad.
Sin embargo, el daño a la libertad misma, un intangible que se pretende controlar por la coacción, la amenaza, el dinero o la muerte, o con el ejercicio del abuso del derecho, a conveniencia del poder, daña a las personas, sus familias o a las instituciones, a los valores, a la moral pública de una sociedad, y vuelve cómplices a muchos ciudadanos que desconocen los hechos que se difunden y que pretenden sean callados.
Es, pues, la libertad de expresión, un instrumento en defensa del interés del pueblo, e incluso en apoyo al buen gobierno, y quien pretenda limitarlo o sepultarlo, no es más que alguien que tiene algo que esconder o que está pensando en cometer un perjuicio para la sociedad, el gobierno, las instituciones o el estado mismo.
La libertad de expresión condensa la historia de un país, la cerrazón o apertura de una sociedad, quienes pretenden sepultar las libertades, son los que han perdido la perspectiva del desarrollo social, del crecimiento de la vida en común, de una convivencia abierta y, lamentablemente, son la voz del pasado, de intereses retrógrados, que no tienen futuro. Es la libertad, las libertades, muchas de ellas constitucionales, la forma de vida que amplía el horizonte de todos, en lo individual y socialmente, quienes desean controlar cualquier espacio libre, van en sentido contrario a la historia, al desarrollo con seguridad.
