El domingo fue el día más violento del año: 105 personas fueron asesinadas en todo el país. Ayer los precios internacionales del crudo llegaron a su mínimo histórico, prácticamente se vendió a futuro el barril a cero dólares (y en ocasiones en valores negativos) y hubo, incluso, productores que pagaron para que simplemente el crudo fuera transportado.
Muchas refinerías se están negando a recibirlos porque están saturadas, como las reservas de la mayor parte de los países del mundo. Mientras todo esto sucede, debemos prepararnos, dice el presidente López Obrador, para que dentro de quince días comience el pico más alto de la pandemia en México, ante la cual varios estados han tomado sus propias determinaciones, alejados cada vez más del gobierno federal.
Hay, en los hechos, una crisis sanitaria, una económica, una de seguridad y cada vez más se está gestando una crisis institucional. La sanitaria tiene ya su propio ritmo, que difícilmente las medidas que adopten a futuro las autoridades podrá modificar: se tendría que haber actuado antes y de distintas forma, ahora quedan por adoptarse sólo medidas paliativas y esperar a que nos termine yendo lo mejor posible.
La crisis institucional se está gestando por la creciente autonomía, incluso desafío, de muchos estados ante el gobierno federal: ello tiene relación con la lejanía que existe entre Palacio Nacional y los estados, pero, sobre todo, por las medidas económicas y fiscales adoptadas, que han centralizado los recursos y castigados a las entidades federativas.
La creciente rebelión para realizar una reforma de fondo al pacto fiscal es parte de ese fenómeno político.
Resulta inconcebible que, en este contexto, no tengamos una Secretaría de Gobernación que esté trabajando de lleno con los estados y estableciendo políticas mutuas de colaboración. Pero de la Secretaría de Gobernación hace tiempo que ya no tenemos ni noticias.
En términos de seguridad, no habrá una mejora hasta que la estrategia sea revisada en forma y fondo. Hay medidas acertadas, como la creación de la Guardia Nacional, pero son, a todas luces, insuficientes. No hay un combate frontal al crimen, no hay una estrategia para establecer un modelo policial nacional que modifique la situación desde los municipios y estados (un capítulo más de la centralización del poder y de la pretensión de manejar los recursos y las políticas exclusivamente desde Palacio Nacional, sin hacerlas extensivas a las entidades).
No habrá mejoras en la seguridad sin revisar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, sin una estrategia que incluya labores de inteligencia mucho más sofisticadas y sin la creación de un modelo policial nacional que se aplique, en forma obligatoria, desde estados y municipios, hasta la Federación. Los números confirman, incluso en plena pandemia, que la violencia no remite, sino que, al contrario, crece y sigue siendo la mayor preocupación social.
El tema económico es simplemente dramático, tanto como la ausencia de los principales funcionarios del sector: no están, casi no aparecen.
La última vez que la SHCP hizo previsiones económicas fue desautorizada por el propio Presidente de la República. Caen las calificaciones de la deuda nacional y de Pemex, y no hay reacción. Cierran miles de empresas y se pierden, en un mes, 500 mil empleos, y no pasa nada.
La iniciativa privada demanda programas de apoyo y de auxilio fiscal y son ignorados. Seguimos con una política energética que no tiene sentido, gastando miles de millones de dólares en una refinería innecesaria cuando se están derrumbando los precios del crudo, ignorando las energías renovables, resucitando la ambición de monopolios estatales en el sector. Y la secretaria de Energía, Rocío Nahle, miente frente al propio Presidente respecto a su participación en las reuniones de la OPEP, sin comprender que en las redes sociales se puede comprobar con facilidad que lo que cuenta no es verdad.
¿Nos mienten a todos nosotros o esos funcionarios le mienten también al propio Presidente?
¡Quién sabe!, lo que es verdad es que ante este apabullador panorama no hay respuesta y la que hay, argumentando que somos “un ejemplo para el mundo”, es, simplemente, un extravío de la realidad.
Las razones que llevan a estas cuatro crisis concatenadas vienen, en ocasiones, de causas objetivas, fuera del alcance gubernamental. Pero todas ellas han sido incrementadas en forma exponencial por las propias decisiones del gobierno y la ausencia de un ejercicio político que incluya a toda la sociedad, buena parte de ella hoy excluida, no sólo de las decisiones, sino, incluso, de la conversación nacional. Eso sucede, también, cuando se gobierna queriendo recuperar el pasado, en lugar de construir el futuro.
