En la alcaldía de Tláhuac y en buena parte de la Ciudad de México los motejan como “los asesinos del tren”.
Se trata, entre muchos otros, de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Mario Delgado; respectivamente la jefa de gobierno de la capital del país, el canciller del gobierno federal y el líder del partido oficial, Morena.
Y el mote resulta de la presunta responsabilidad de los tres aludidos en la tragedia de la Línea 12 del Metro (L-12), de la que han salido impunes gracias a la protección de Palacio.
Es decir, se confirma que en México la única justicia que existe es la que dicta y decide el presidente mexicano, López Obrador, quien de esa manera convirtió a sus preferidos; Claudia y Marcelo, en símbolos de la impunidad que impera en su gobierno.
Pero el manto de ilegalidad tampoco termina en la grosera decisión presidencial de que Claudia y Marcelo sigan en sus cargos, sino que el propio López se ha encargado de llevar al pináculo del poder a la jefa de gobierno y al canciller; los preferidos para suceder al monarca de Palacio.
Y es que sin pudor alguno, sin el más elemental respeto a la ley y en contra de toda regla democrática y ciudadana, el mandatario mexicano convirtió a “los asesinos del tres” en sus principales sucesores, lo que resulta una grave afrenta a las familias de una treintena de mexicanos fallecidos en la tragedia de la L-12 y al centenar de víctimas a las que aún nadie ha reparado el daño sufrido.
Lo cierto es que en toda democracia real, la señora Sheinbaum y el señor Ebrard no serían precandidatos presidenciales y tampoco ocuparían los cargos que hoy ostentan, sino que estarían en prisión pagando su presunta responsabilidad por “los muertos del tren”.
Pero en México y sobre todo en la “chabacana dictadura” impuesta por López Obrador, todo es posible.
Posible, por ejemplo, que “los asesinos del tren” sigan en sus cargos como si nada; que sean aspirantes presidenciales y, peor aún, que hagan campaña ilegal no solo a favor de su causa, sino en beneficio de los aspirantes a “narco-gobernadores” de Morena en estados como Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Durango.
Por eso obligan las preguntas: ¿De qué tamaño es la grosera impostura que se impulsa desde Palacio para solapar a “los asesinos del tren”?
¿Quién, con un gramo de responsabilidad de Estado, será capaz de exigir que Claudia y Marcelo dejen sus cargos, que cancelen sus aspiraciones y su propaganda presidencial y que termine la violación de la veda electoral, a favor de las mafias de Morena que disputan seis gobiernos estatales?
¿Qué clase de dictadura ha impuesto López Obrador a los mexicanos, en donde el propio presidente comete todas aquellas violaciones, atropellos y aberraciones legales y políticas que el propio López exigía que debían ser respetadas cuando era candidato presidencial?
¿Qué compromisos tiene un presidente, como Obrador, para mantener como sus principales sucesores a dos presuntos responsables de la mayor tragedia ocurrida en la capital del país y que costó casi 30 vidas y un centenar de heridos graves?
¿A quién le importa la vida de los ciudadanos, en general y, en particular de las víctimas de la L-12, del Colegio Rébsamen, de la ola de feminicidios; de los miles de indocumentados que son extorsionados en su paso por nuestro país en la búsqueda del sueño americano?
¿A nadie le importa la montaña de corrupción que hoy se llama L-12 y que fue construida por la gestión de Marcelo Ebrard en CDMX, administrada por Mario Delgado y que se derrumbó a causa del mantenimiento inexistente en el gobierno de la señora Sheinbaum?
Pero los escándalos de corrupción y putrefacción no solo acompañan a la señora Claudia y al señor Marcelo, sino que también aparecen en el partido oficial, Morena, “dirigido” por Mario Delgado.
Resulta que Morena se ha convertido en una verdadera cueva de criminales, ladrones y en el mayor receptáculo de la peor escoria social que asaltó el poder y la política en México.
Un ejemplo es el dirigente de Morena en Gómez Palacios, Durango, un criminal de nombre Iván Rosas Correa, quien estuvo sentenciado a 20 años de prisión por tentativa de homicidio –le mandó una carta bomba a una mujer que, de milagro salvó la vida–, pero que fue liberado gracias a sus amigos de Morena, quienes redujeron su sentencia a dos años.
Hoy, ese criminal es el responsable del proceso electoral de Morena en Durango, en donde día a día resulta más evidente que el crimen organizado se ha apoderado de los operativos de compra de votos por parte de Morena, además de la entrega de dádivas a los potenciales votantes y, en especial, del proselitismo que realizan desde el primer círculo presidencial.
Es decir, igual que en otras cinco entidades en donde habrá renovación de gobiernos estatales, en Durango se lleva a cabo una elección de Estado y los actores más relevantes por parte de Morena son, por pura casualidad, integrantes del crimen organizado.
Pero la putrefacción del partido Morena, encabezado por Mario Delgado, parece no tener freno, ya que por todas partes aparecen evidencias de que se trata de un “narco-partido”.
Y un nuevo ejemplo es el del candidato de Morena al gobierno de Tamaulipas, el senador con licencia, Américo Villareal, a quien la justicia de Estados Unidos investiga por lavado de dinero producto del robo y tráfico de combustible.
Es decir, de un político financiado y por los mayores “huachicolero” del norte del país y cuya campaña habría servido como “lavadero de dinero”.
Peor aún, apenas en días pasados, la prensa internacional documentó que un hijo de Américo Villareal, de nombre Francisco Villarreal, fue acusado de fraude financiero, por una institución bancaria de los Países Bajos.
Resulta que según una investigación del Breitbart Texas, Francisco Villarreal obtuvo un primer crédito de cien mil euros del Interbank de Ámsterdam. Posteriormente solicitó un crédito bancario por poco más de 600 mil euros.
Sin embargo, todos los trámites los llevó a cabo con documentos falsos que utilizó para toda una cadena de transacciones que fueron identificadas como fraudulentas y de lavado de dinero.
En suma, el partido Morena se ha convertido en una verdadera cueva de ladrones y criminales, al tiempo que no pocos de sus candidatos a puestos de elección popular tienen cuentas pendientes con la justicia.
Sí, Morena y sus políticos son la nueva mafia en el poder.
Al tiempo.
