Tras darse a conocer que la Ley Federal de Austeridad Republicana no es del todo bienintencionada, varios senadores integrantes del PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano no dudaron en alzar la voz ante la inminente entrega de privilegios para el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y es que el tabasqueño no sólo podrá disponer de todo el dinero que se recaude gracias a esta ley sino que también se aplazó hasta 10 años la posibilidad de que servidores públicos puedan ingresar a instituciones privadas a trabajar para evitar un posible conflicto de interés o corrupción.
Tal como lo señaló la senadora del PAN, Cecilia Márquez, quien recalcó que el verdadero nombre de la ley debería decir “corrupción republicana” pues se disfraza de buenas intenciones una norma que entregará “un cheque en blanco o más bien 90 mil millones” al presidente.
“Este recurso público de los ahorros que dejan en manos del Presidente puede ser utilizado de forma político electoral, como dádiva o a cambio de votos, ya que la ley no contempla mecanismos claros y transparentes en las que se utilizará el recurso”, explicó.
Por otro lado, Vanesa Rubio integrante del PRI aseguró que los legisladores morenistas votaron más con el estómago que con la propia razón pues en lugar de que la política de austeridad en realidad beneficie a los mexicanos se están violentando los principios de la Constitución.
“Estamos aprobando una ley que viola la división de Poderes, la autonomía de los órganos autónomos y que afecta a los 1.4 millones de servidores públicos que no podrán obtener un nuevo ingreso hasta pasados varios años”.
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Samuel García, del MC, también destacó que las leyes secundarias sepultaron las buenas intenciones de la austeridad y amenazó con acudir a la Suprema Corte para presentar acciones de inconstitucionalidad por 11 artículos.
“Estamos seguros que llegando a la Corte este Senado será exhibido por sacar vía rápida una ley que pudo salir de manera unánime, pero que por línea de una secretario nos tuvieron que aventar un albazo. La austeridad no son recortes, pues esta ley no incluye a Estados y municipios”.
