La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) denunció que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene retenidos más de mil 545 proyectos de inversión por la falta de permisos y licencias de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Mientras que da prioridad y aprueba en tiempo récord las obras insignias de esta administración federal.
Por ejemplo, expuso que diversos tramo del Tren Maya, la Ampliación de la línea 1 del Tren Suburbano Lechería-Jaltocán-AIFA, en Tultitlán, Estado de México y la Central Turbogas González Ortega en Mexicali, Baja California, tuvieron respuesta sobre sus permisos ambientales en 36, 55 y 49 días respectivamente.
En contraste, planes privados en Chihuahua, Sinaloa y Baja California Sur, acumulan, hasta mil 364 días sin resolutivo. Es decir, el triple de tiempo de espera.
“Es fundamental que los proyectos que cumplen con los requerimientos que marca la ley, puedan desarrollarse de manera oportuna para minimizar las afectaciones en sectores clave como son el turístico, el minero y el inmobiliario donde los informes preventivos”, indicó.
Trato desigual es una causa de violación al T-MEC
El sindicato patronal afirmó que el retraso en el otorgamiento de licencias ambientales de aprovechamiento de agua y de cambios de uso de suelo para desarrollos del sector turístico, inmobiliario, carretero, minero y de extracción en bancos de materiales provoca un impacto negativo en la generación de empleos e implica desaprovechar el atractivo de México para el nearshoring.
En ese sentido, advirtió que ello pone en riesgo miles de empleos e inversiones pero además es violatorio del T-MEC pues se discrimina a la IP para beneficiar a las empresas públicas.
“Sabemos de la importancia de contar con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y otros permisos, ya que permiten prevenir daños a los recursos naturales a través de la identificación de mecanismos de atenuación, mitigación y compensación del posible impacto”, declaró.
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Por ello, pidió a la Semarnat que agilice la resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y otros permisos, actualmente detenidos pues recordó que la Ley General para la Protección y el Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental (LGEEPA) prevé un periodo de 60 días hábiles para que la autoridad emita su resolución.
“El trato desigual entre los solicitantes es discriminatorio y es una causa de violación al T-MEC por favorecer a los proyectos públicos sobre los de los particulares”, apuntó.
Con información de Forbes México y La Crónica
MSA
