El virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, ha dado de qué hablar al asegurar que hará “borrón y cuenta nueva” a los deudores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual ascendería a unos 44 mil 500 millones de pesos, de los cuales el 70 por ciento corresponde a deudas domésticas, y el resto a sectores como el agrícola, comercial y empresarial.
Sin embargo, especialistas en el tema han previsto tres peligros que la condonación de la deuda podría traer consigo. Primero, la implementación de la cultura del no pago; segundo, que la empresa productiva del Estado no pueda tener obligaciones a largo plazo; y tercero, enviar señales de “volatilidad caprichosa” al mercado.
De acuerdo a lo informado por el diario 24 Horas, Claudio Rodríguez Galán, integrante del consejo directivo de la Academia Mexicana de Derecho Energético (AMDE), señaló que a raíz de la implementación de la Reforma Energética, la CFE dejó de ser una paraestatal, y se convirtió en una empresa productiva del Estado, y por ende debe proveer valor al Estado mexicano.
El académico de la Facultad de Economía de la UNAM, Benjamín Martínez Páez, asegura que el perdón de la deuda, debe ser una decisión unilateral por quien esté al mando de la CFE, pero se tiene que hacer a través de un estudio socioeconómico que pruebe que esto no afectará la macroeconomía y las finanzas públicas del país, además de analizar a qué deudores se les puede perdonar el pago.
Aunado a esto, se deberá presentar dicha propuesta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en donde deberá ser aprobada a través de una comisión de precios y tarifas, para luego darle el visto bueno y ser incluída en el paquete presupuestario ante la Cámara de Diputados y de Senadores.
El profesor asociado de Economía del Tecnológico de Monterrey, Miguel Ángel Corro, coincidió en que no es viable la condonación de las deudas sin que el funcionamiento financiero de la empresa se vea afectado, ya que según los datos de la CFE, en los primer trimestre de 2018, se vio una disminución de sus ingresos por 12 mil 442 millones de pesos, además que sus pasivos ya superan el 50 por ciento de su patrimonio.
Por su parte, la profesora e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, Miriam Grunstein, detalló que no sólo se trata de soltar promesas al aire, ya que hay que tener estudios que respalden dichas decisiones, puesto que los deudores no sólo son personas físicas, pues también hay municipios completos del país que tienen deudas por el concepto del pago de luz.
