La Auditoría Superior de la Federación (ASF) responsabilizó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de no haber difundido información suficiente sobre las obras de revestimiento y ampliación del río Tula, Hidalgo, como para obtener el consentimiento de las personas directamente afectadas, provocando así el rechazo comunitario al proyecto.
En su revisión de la Cuenta Pública 2017, el órgano fiscalizador señaló que los trabajos de limpieza, desazolve, rectificación y revestimiento con concreto no pudieron efectuarse por las fallas en la manera como la Conagua comunicó los impactos del proyecto a la población.
Al momento de la revisión de la ASF, en febrero de 2018, los trabajos estaban absolutamente suspendidos, según se desprende de la auditoría de inversiones físicas 441-DE.
La ASF observó un posible daño al erario por 73.3 millones de pesos por los atrasos en las obras. A casi tres años, dichas observaciones siguen sin resolución, según el Sistema Público de Consultas de Auditoría.
“Se observó que los contratos de obra fueron suspendidos en varias ocasiones (…); dichas suspensiones se derivaron de problemas sociales, debido principalmente a que la entidad fiscalizada (la Conagua) no realizó la publicidad del proyecto a fin de evitar problemas con la población por la falta de información para obtener su anuencia, a fin de evitar atrasos en la ejecución de los trabajos necesarios para cumplir con el programa y los objetivos y metas del proyecto; cabe mencionar que, a la fecha de visita realizada conjuntamente entre personal de la Auditoria Superior de la Federación y la Comisión Nacional del Agua (febrero de 2018), los trabajos se encontraban suspendidos indefinidamente en todos los tramos, lo que ocasionará sobrecostos de las obras”, indicó la ASF.
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Dicha auditoría contradice el informe interno elaborado por la Conagua sobre las causas del desbordamiento del río Tula del pasado 6 de septiembre, en el que el Gobierno Federal aseguró que “se intentó ampliar la capacidad de conducción de este río, sin embargo, las obras no se realizaron debido a la oposición de grupos ambientalistas”.
El reporte de la ASF pone énfasis en la responsabilidad que tenía la Conagua en obtener la anuencia de los grupos afectados para que aceptaran la ejecución de las obras.
Las obras en el río Tula fueron ordenadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para ampliar su cauce a fin de que fuese capaz de drenar 571 metros cúbicos por segundo, ante la futura entrada en operación del Túnel Emisor Oriente (TEO).
La dependencia autorizó la obra en enero de 2017, ordenando a la Conagua implementar medidas de mitigación de los daños ambientales, que incluían reforestar, instalar viveros y reubicar especies de flora y fauna.
Sin embargo, las obras nunca se llevaron a cabo; para ello, la ASF indicó que la Conagua falló en comunicar a la población cuál sería el alcance del impacto ambiental, así como las labores de mitigación del mismo.
Con información de Animal Político
MSA
