Desde luego, la iglesia, la católica principalmente, ha jugado un papel de interlocución con el poder político, social, económico y militar desde la Conquista, la Independencia, la Reforma, la Revolución y nuestros días. Ha tenido una posición relevante en cada momento de nuestra historia y lo ha hecho acompañando al poder público o como opositora al gobierno en turno. Sus posiciones han servido para equilibrar las opiniones y las acciones públicas o bien, para inclinar la balanza, sobre todo en la defensa de su feligresía, los que no tienen voz o son débiles en el espectro social.
Las posiciones recientes de los obispos y padres de Guerrero, en su diálogo con los delincuentes locales, ha tenido gran resonancia pública, se han expresado al respecto desde el presidente hasta las organizaciones sociales y los analistas y ciudadanos tanto de Guerrero como de otras partes del país y el mundo. Esta acción de la iglesia católica en Guerrero ha intensificado las relaciones civiles, de la sociedad, de la gobernanza, con la delincuencia organizada local. Sin duda el diálogo importa, aún cuando haya otros interlocutores obligados.
Esta intervención de la iglesia muestra su peso real en la entidad suriana; también ha suscitado reflexiones y posicionamientos con respecto al trato que se le otorga a la delincuencia en general. Y el que debe darse conforme a derecho.
Los abrazos y no balazos, son estrategia de seguridad, de complicidad o mediática, es un cuestionamiento que viene de la mano sobre actos en donde el presidente ha tenido extrañas cercanías, respuestas y atenciones con el Cartel de Sinaloa. Un artículo de un periodista estadounidense laureado, que se inscribe en la narrativa de los tiempos electorales y del conflicto del presidente contra la DEA y un doble discurso con EU, ha calado hondo en redes sociales con el hashtag narco presidencial, las respuestas dadas no han sido suficientes incluso para descalificar lo que algunos periodistas han señalado sobre esos vínculos, en donde defiende no sus posiciones sino a los delincuentes, narcos y homicidas, pretendiendo cobijarlos con la idea de que son pueblo. Que la autoridad gubernamental se coloque de lado de la delincuencia ofende y afecta su responsabilidad constitucional.
En esos derroteros hemos asistido al encuentro entre la iglesia y los delincuentes guerrerenses, debido al costo que la parálisis del transporte ha tenido en Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Taxco y las rutas alimentadoras que mueven a la sociedad. A las muertes que se acumulan día a día, a los actos de narcoterrorismo para atemorizar y controlar las actividades productivas, a los bloqueos y quema de autos, a los secuestros, a las muertes de mujeres y hombres en estado de indefensión, a un derecho de piso que ocupa el territorio estatal, en donde las fuerzas del orden han sido superadas. Una mirada al Acapulco post Otis, señala los derroteros de la delincuencia y la limitación del gobierno.
Asimismo el mensaje de los prelados ha sido fuerte, el pacto con los narcodelincuentes locales no se ha logrado, hay el supuesto de colusión con las autoridades, hay la lucha interesada por el control territorial, hay de facto el control del estado por varios grupos locales, que no cesarán en su lucha por mantener y ampliar el dominio de plazas y territorios, de vidas de jóvenes y mujeres, de hombres y adultos, de guerrerenses cansados y hartos de esta inseguridad que agobia y paraliza todo.
La gobernabilidad es escasa, por ello la gobernanza, vía la iglesia, ha entrado a un juego peligroso.
De nada sirve el número de elementos en la zona de Acapulco y algunas comunidades guerrerenses, pues la delincuencia crece, no se disuade, ni se contiene, ni se abate, solo amplía la violencia criminal.
Lo que se requiere es un pacto gubernamental con la sociedad, si la iglesia con la delincuencia ha mostrado una ruta, ojalá las autoridades, sobre todo las de seguridad y justicia recuperen el interés por servir a la sociedad, que no solo está indefensa, sino abandonada.
El pueblo de Guerrero no se anda por las ramas, nadie desea la justicia por propia mano, pero esta avanzada de la iglesia, que no logra La Paz perdida, sino que muestra los diversos rostros de la violencia criminal, la inseguridad e injusticia rural y urbana, obliga a tener claridad y realizar acciones de fondo, con inteligencia, con el poder del estado; todos saben quiénes son, dónde están y quienes sus aliados o cómplices, saben también las extracciones y robos cotidianos, no puede continuar esta decisión, ya han cambiado al titular de seguridad pública, a la fiscal, y quieren más estos delincuentes.
La sociedad guerrerense sabe que lo que no hagan las autoridades, tarde que temprano lo tendrá que hacer ella.
Lo que ocurre en Guerrero, como en otros estados, no debe normalizarse, es tirar la toalla y mandar al sótano de las antigüedades al estado de derecho.
Constelación Política por Emilio Vizarretea
