Comisión para la Verdad sobre Ayotzinapa podría ser apelada por la PGR

Este lunes, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Tamaulipas, ordenaron la creación de una Comisión de la Verdad para reponer la investigación por el caso Ayotzinapa, debido a que consideró que la actuación de la PGR no fue pronta, expedita, independiente ni imparcial, además de que se presume que los derechos humanos de los implicados fueron violados y las declaraciones fueron obtenidas por intermediación de tortura.

Sin embargo, en entrevista para La Otra Opinión, el Doctor Emilio Vizarretea, especialista en temas de seguridad, indicó que la Procuraduría podría apelar la resolución para llevarla ante una segunda instancia, e incluso ante la Suprema Corte de Justicia.

De acuerdo con el experto, la creación de la Comisión para la Verdad implicaría –si la PGR acepta la resolución– que en el caso Ayotzinapa habría una investigación coadyuvante entre los familiares de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la propia Procuraduría.

No obstante, el Doctor Vizarretea opinó que no se justifica que otro poder intervenga en las funciones de Ministerio Público (de ahí el argumento para la posible apelación) y advirtió que la Comisión de la Verdad otorgaría a civiles una función que no tienen jurídicamente.

Por otro lado, el experto indicó que con la orden del juez federal en cuestión se corre el riesgo de “tirar todo a la basura” en lo que a las investigaciones realizadas hasta el momento se refiere. Eso incluiría la llamada “Verdad Histórica”, e incluso la intervención de la propia CNDH. O dicho de otro modo, equivaldría a “desecharlo todo para iniciar de nuevo”.

Además, el Doctor Vizarretea indicó que, en otra arista del caso, es necesario considerar el planteamiento detrás de la posición de los padres de los normalistas, quienes presumiblemente buscan una “reparación del daño”.

De acuerdo con el especialista, para que esto ocurra sería necesario cumplir con dos condiciones:

Por un lado, los padres tendrían que asumir que los jóvenes desaparecidos efectivamente murieron.

Y por otro lado, se tendría que involucrar como responsable de su desaparición y muerte a otra instancia, como la Secretaría de la Defensa Nacional.

Ambas condiciones son difíciles de reunir, en opinión del experto.