A semanas de que el PAN elija a su candidato al gobierno de Aguascalientes, parece que ya empezaron los golpes por debajo de la mesa. ¿A qué nos referimos?
Esta mañana, El Universal publicó un texto en el que se señala al “hermano incómodo” de Juan Antonio Martín del Campo, alcalde panista de Aguascalientes capital y uno de los aspirantes más adelantados en el proceso de sucesión.
De acuerdo con este diario, Leobardo Martín del Campo, hermano del alcalde, pasó de tener un humilde puesto de tacos, a ser dueño de 19 propiedades cuyo precio va desde los 180 mil pesos hasta los 2.2 millones de pesos.
Lo sospechoso del asunto es que, según el reporte, doce de esos predios fueron adquiridos entre 2013 y 2015, periodo en el que su hermano Juan Antonio ha estado al frente de la alcaldía de Aguascalientes. Y es que, si bien no es ningún delito adquirir propiedades ni ser dueño de cuantas casas se pueda pagar, sí mueve a duda el hecho de que la suerte haya sido tan contundente, la bonanza tan repentina y la compra tan acelerada.
Pero más sospechoso aún es que la información se publique en vísperas de que Juan Antonio Martín del Campo presente su segundo informe de gobierno y, como señalamos al principio, a semanas de que Acción Nacional determine quién será su candidato al gobierno de Aguascalientes.
¿A quién beneficia este periodicazo contra Martín del Campo? Porque pocos podrán negar que la información –haya delito o no– pondrá al alcalde bajo la lupa y le echará encima la sombra de la corrupción. Lo cual, por supuesto, habrá de debilitar sus aspiraciones rumbo a 2016. Por eso la pregunta, ¿quién se beneficia del golpe contra este alcalde?
Por otra parte, no debe sorprendernos que este tipo de asuntos ocurran en Aguascalientes. Lo mismo se ve en el Distrito Federal, con el Corredor de Chapultepec y el golpeteo político que hubo para echar abajo el proyecto; en Tamaulipas, con campañas de desprestigio orquestadas contra el candidato del PAN y los críticos del gobierno fallido de Egidio Torre Cantú; o en Oaxaca, donde, con argucias legales, se intentó bloquear la candidatura de Alejandro Murat.
