La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) solicitará a la Suprema Corte un análisis de control constitucional de la nueva Ley de Obras Públicas y Adquisiciones de Tabasco, misma que daría “paso libre” al proyecto de refinerías de Andrés Manuel López Obrador.
“Al ser claramente contrarias a la Constitución estamos analizando los medios legales a nuestra disposición para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un análisis de control constitucional”, declaró Alejandra Palacios, comisionada de la Cofece.
La Cofece añadió que la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Obras Públicas y de Adquisiciones de Tabasco, que dispensan licitaciones en obras estratégicas, afectarían gravemente el proceso de competencia en las contrataciones públicas en la entidad.
El órgano, envió el pasado viernes una carta al gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, en la cual se leen recomendaciones al decreto, y se proponen devolverlo al Congreso del Estado para garantizar que se apegue a los artículos 134 y 28 de la Constitución.
Sin embargo, a pesar de las recomendaciones, el mandatario estatal informó este lunes que las modificaciones quedaron promulgadas el 13 de octubre en el periódico oficial del estado.
“Las modificaciones a las Leyes de Adquisiciones y Obra Pública en Tabasco son contrarias al 28 y 134 constitucionales, además de todos los riesgos que conllevan de discrecionalidad, espacios a la corrupción y sobreprecios”, dijo Palacios.
“En nuestro documento sobre compras públicas ya hablábamos de la necesidad de una ley general de contrataciones públicas para que no puedan pasar casos como este”, declaró la comisionada.
De acuerdo con la Cofece, la reforma aprobada por el Congreso estatal en septiembre pasado amplía, sin fundamentación objetiva, el margen de discrecionalidad de la autoridad en la asignación de contratos, al extender los supuestos de excepción a la licitación pública y la adjudicación directa de contratos, con los consecuentes riesgos en el debido ejercicio del presupuesto público.
La propuesta de modificación a la ley, fue presentada por la diputada local de Morena, Nelly Vargas, con el propósito, según argumentó, de “agilizar los procedimientos”, en especial el de la refinería Dos Bocas impulsada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y que prometió tener lista en tres años.
Aunado a lo anterior, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) declaró la semana pasada que el precedente que está sentando el gobierno de esa entidad significa un riesgo para la transparencia, competitividad y lucha contra la corrupción.
