Este sábado, se dio a conocer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió cuatro órdenes de inconstitucionalidad, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de diversas leyes de la Guardia Nacional.
Dichas leyes son: Uso de la fuerza, Registro de detenciones y Sistema Nacional de Seguridad Pública; esto con el fin de coadyuvar en la consolidación del marco jurídico que rige a la corporación.
“La CNDH pretende que las normas que facultan a las autoridades para hacer uso de la fuerza pública y a realizar detenciones de personas encaucen el ámbito de esa actuación para que, por un lado, el gobernado conozca cuál será la consecuencia jurídica de los actos que realice y, por otro, que el actuar de la respectiva autoridad se encuentre limitado y acotado y, en consecuencia, tenga certeza en dicha actuación”, detalló por medio de un comunicado.
Asimismo, la CNDH apuntó que su intención es que el marco jurídico que rige a la Guardia Nacional sea compatible con el parámetro de regularidad constitucional en materia de derechos humanos.
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“Para esta Comisión Nacional, las leyes impugnadas no regulan la totalidad de los elementos mínimos e indispensables que el texto de la Constitución estableció para el contenido de dichos ordenamientos, componentes básicos para el adecuado funcionamiento de la institución policial, por lo que estima que el Congreso de la Unión incurrió en diversas omisiones legislativas, respecto de las cuales la SCJN debe pronunciarse”, agrega el documento.
Por otro lado, el organismo reiteró que no impugnó las leyes en su totalidad, pero sí señaló las omisiones legislativas y presentó argumentos sobre partes específicas de tales leyes, con la finalidad de que la Corte resuelva sobre su constitucionalidad y apego a los derechos humanos.
“La facultad para detener a los particulares, solicitarles información, intervenir sus comunicaciones privadas y localizar su posición geográfica en tiempo real, sin que exista denuncia alguna, para la prevención tanto de delitos, como de infracciones administrativas, afecta la privacidad e intimidad de las personas sin fundamento legal para ello.
“Inspeccionar y vigilar la entrada y salida de personas en el país, así como verificar si los extranjeros que residen en el territorio cumplen con las obligaciones que establece la Ley de Migración transgreden los derechos de libertad de tránsito, seguridad personal, a la intimidad, de protección de datos personales, así como la prohibición de injerencias arbitrarias”, estos son los temas a revisar.
