El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), emprendió una persecución en contra de 31 investigadores, académicos, científicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Esto luego que María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt, denunció un supuesto mal uso de recursos por parte de los integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT).
En respuesta, varios científicos alzaron la voz y reprocharon los señalamientos en su contra.
“Esto es claramente una venganza. No hay vuelta, ves todo y dices que no hay elementos. No me asusta ir ante un juez a defenderme, pero no de crimen organizado, que tengo que estar en la cárcel”, denuncia Gabriela Dutrénit.
José Franco y Dutrénit señalaron que hubo justicia cuando un juez desestimó las órdenes de aprehensión que solicitó la Fiscalía General en su contra, pese a ello, indicaron que “esto no se acabó”.
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“No teníamos información a ciencia cierta, fuimos recibiendo información indirecta y nos fuimos enterando. Pero a día de hoy no tenemos la carpeta de investigación, no sabemos de qué se nos acusa”, dice Dutrénit, que asegura que en la última semana tuvieron conocimiento de los movimientos de la FGR a través de la prensa.
Dutrénit criticó las razones por las cuales quieren encarcelarlos, al señalar que el dinero que usaban era auditado y estaba completamente controlado.
“Teníamos un auditor externo, que auditaba los informes financieros, y eso pasaba a Conacyt, que hacía su propia auditoría. Después, la Secretaría de la Función Pública hacía otra auditoría. Y después, nos entregaban la constancia de que el informe era correcto. Estaba todo tan amarrado. Tengo claro que no hubo uso indebido de los fondos en mi periodo, pero tampoco en otros, no había como”. apuntó.
Por último, calificó como “un sinsentido” las acusaciones de crimen organizado en su contra y señaló que para explicar este caso puede estar en el intento de Álvarez-Bulla para cambiar la ley y el “rechazo de la comunidad científica”, en el que el Foro tuvo un papel relevante, lo cual “atizó el conflicto”.
Con información de Animal Político
MSA
