Como seguramente sabe, la diputada panista Lucero Sánchez López, fue trasladada de Culiacán, Sinaloa –en calidad de testigo–, a la Ciudad de México.
Esta legisladora es la misma que señalamos — en el Itinerario Político del 16 de julio de 2015–, como la madre del hijo más reciente de Joaquín Guzmán Loera.
Es la misma que, con identificación falsa, acudió al penal del Altiplano para visitar al narcotraficante antes de que se fugara, el pasado 12 de julio.
Es la misma que negó conocer al capo una infinidad de veces.
Y es la misma que en su currículum, asegura pertenecer al PAN desde 2011, ser licenciada en Derecho y haber sido gerente de compras y ventas en la empresa Bienes Raíces Enigma.
Sin embargo, Lucero Sánchez López, es ahora una ex diputada que fue llamada a declarar por la SEIDO.
‘‘Estoy prácticamente secuestrada, esto es una violación a mis derechos humanos y una falta de respeto a mi fuero como diputada’’, denunció vía telefónica Sánchez López, después de ser llevada al aeropuerto de Culiacán, donde esperó cuatro horas para abordar un avión con rumbo a la capital del país.
Sobre el caso, en La Otra Opinión nos surgieron dudas sobre el tema. Para empezar, ¿quién permitió que la Chapodiputada fuera legisladora? ¿Dónde están hoy los partidos que –en alianza– la postularon? ¿Qué dicen al respecto? ¿Por qué nadie hizo las investigaciones que –en su momento– hubieran revelado el vínculo con el narco? ¿Y los demás congresistas? ¿Realmente nadie sabía nada?
Pero hay más, algunos preguntan si con el llamado de la SEIDO se violenta su derecho a fuero, ¿qué viene después? ¿hasta cuándo se permitirá que el narco y la política se mezclen?
En entrevista para este espacio, el Doctor Vicente Fernández aclaró que el fuero protege a los servidores públicos en caso de juicio; no así cuando el funcionario será investigado o arraigado. Es decir, que los derechos políticos de la legisladora seguirían intactos.
Para el especialista en temas jurídicos y de seguridad, de comprobarse las acusaciones contra Lucero Sánchez, se tendría que solicitar el desafuero en el Congreso y posteriormente continuar con el proceso penal.
Por lo tanto –en este contexto– la PGR no tiene impedimentos para llamar a declarar a la diputada panista y, en caso de ser necesario, de someterla a un arraigo como medida cautelar.
Sin embargo, estas respuestas no aclaran por qué el CEN del PAN no ha hablado sobre el caso; si Sánchez López es inocente, como asegura, ¿por qué se apresuró a renunciar al cargo? ¿por qué en el pasado no lo hizo? ¿será que se siente, ahora sí, desprotegida?
Por cierto, no sobra recordar que la Procuradora Arely Gómez señaló que la ex diputada y el Chapo pasaron el fin de año 2015 juntos.
