Durante el conversatorio sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura –convocado por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Angélica de la Peña–; diversos especialistas, autoridades y representantes de organizaciones sociales urgieron el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de tortura. De acuerdo con expertos, al día de hoy, sigue habiendo estados donde el delito de tortura no está tipificado. De hecho, en algunas entidades no existe el tipo penal.
El titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Eber Omar Betanzos, anunció que el Ejecutivo federal enviará al Senado la iniciativa de la Ley General Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Con esta legislación, el gobierno federal busca homologar la norma en materia de tortura en todas las entidades federativas. De este modo, dijo el subprocurador, se avanzaría en la erradicación de esta violación a los derechos humanos y garantías individuales.
El proyecto de ley intentará fortalecer los mecanismos de prevención de la tortura y empatar las sanciones penales contra los responsables de esta falta. De hecho, también se establecerán sanciones contra quienes toleran estos delitos.
La pregunta es, ¿hacen falta más leyes para acabar con la tortura? ¿no bastaría con aplicar las que ya existen?
