Cansados por las promesas incumplidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, habitantes de la ranchería Las Delicias, del municipio de Calakmul, Campeche, cerraron la carretera Escárcega-Chetumal, a la altura del kilómetro 160 para exigir la entrega de títulos de sus propiedades afectadas por la construcción del Tren Maya.
Explicaron que después de una larga negociación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), los propietarios de 22 predios acordaron permitir el paso de esta megaconstrucción a cambio de su regularización, “porque venían queriendo pasar de a gratis”.
“El año pasado el presidente López Obrador instruyó al personal de la Sedatu y de Fonatur para que los que tuviéramos escritura inscrita en el Registro Público de la Propiedad se nos escuchara, se nos indemnizara en términos de la ley”, dijo uno de los propietarios inconformes.
Sin embargo, denunciaron que no han recibido respuesta del Gobierno Federal, por lo que primero bloquearon los accesos al tramo de construcción que pasan por sus propiedades.
Agregaron que ya han sido indemnizados, pero la Sedatu no ha cumplido con la prometida regularización.
“El presidente empeñó su palabra de que nos iba a regularizar, ahorita ya se va el señor y no nos han cumplido. ¿Cómo quiere hablar de desarrollo, de crecimiento y de inversión en una zona que no tiene certeza jurídica?”, comentan.
Los predios de los habitantes inconformes miden un promedio de 500 metros cuadrados cada uno y son paso obligado del Tren Maya a lo largo de unos 11 kilómetros en el Tramo 7.
Todos, aseguran, han sido afectados irremediablemente por el paso del tren y más de la mitad de estos predios fueron fraccionados.
“No somos opositores a su proyecto, somos un grupo de ancianos y mujeres del campo, gente pacífica y trabajadora que confiamos (…) en que nuestras tierras fueran regularizadas en beneficio por nuestra anuencia al paso del proyecto ferroviario”, dijo Macario Durán Pérez, uno de los propietarios.
Y agregó: “No debimos de haber llegado a esto. La relación que tiene la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, con el presidente era para que en cinco minutos se resolviera la regularización de estos predios que su padre ordenó en 1972 inscribir en el Registro Público de la Propiedad”.
El bloqueo, advirtieron, será permanente hasta obtener una respuesta positiva del presidente o por lo menos de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Con información de Latinus y Tribuna Campeche
MSA
